Tras perder más de tres semanas en estériles discusiones políticas, el gobierno ha hecho lo que tenía que haber hecho hace ya un mes, decretando el Estado de alarma en el municipio de Madrid y en otros aledaños.
En todo este tiempo perdido, se han producido centenares de muertes, se han infectado del virus miles de ciudadanos y hemos vuelto a ver cuestionada la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Mientras todo eso pasaba, se daba una incesante plática crispada entre los miembros de dos instituciones estatales, los gobiernos nacional y de Madrid, sin lograr el acuerdo entre ellas.
De todo ello son responsables ambos ejecutivos, sin duda. Pero ambos incurren además en otras. El de Madrid por no haber hecho lo que aconsejaban los expertos sanitarios cuando en junio pasado se puso fin a los primeros estados de alarma: fortalecer la atención primaria sanitaria e incrementar el número de rastreadores de infectados. En cambio, el gobierno de Ayuso se ha dedicado desde entonces a poner trabas al ejecutivo de la Nación y a amagar con una rebeldía que ha recordado en demasiadas ocasiones a la que practicaba Quim Torra.
Y el gobierno Sánchez ha dejado pasar seis meses sin presentar ante el parlamento una ley orgánica de salud pública que permita a los ejecutivos limitar derechos individuales en aras del combate epidémico, evitando así diversos varapalos de los tribunales y verse obligado a recurrir de nuevo al Estado de alarma.
Es ciertamente triste, comprobar como en un escenario dramático, en sí por las consecuencias sanitarias y también porque la gravedad de estas posponen la apremiante recuperación económica, políticos de los dos principales partidos de nuestro país no solo han sido incapaces de ayudar en las soluciones, sino que de hecho las han agravado.
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