La hybris contra el Poder Judicial

La condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha vuelto a mostrarnos la hybris de Podemos contra el Poder Judicial. Más allá de que difícilmente la líder izquierdista de Argentina llegue a ingresar en la cárcel, las críticas de la formación española a la sentencia inciden en considerar la resolución un ataque a la democracia, en la medida en que impedirá a la dirigente volver a presentarse en unas elecciones. Para Podemos, eso supone sustraer la democracia, al entender que los votos redimen cualquier conducta ilegal, incluida la defraudación a las arcas estatales de 1.000 millones de dólares.

Ahí está el problema, que puede ilustrarnos por los paralelismos con nuestro país, máxime cuando las últimas reformas legislativas buscan exculpar a políticos. La izquierda no socialdemócrata, y especialmente Podemos, no cree en el Estado de Derecho y considera que el principio democrático invalida cualquier obstáculo legal contra los representantes políticos. Imaginemos que a Trump, quien fue elegido democráticamente presidente de los Estados Unidos y quien amenaza con lograr un segundo mandato, las leyes de su país no pudieran impedirle por un motivo lícito, como puede ser el asalto al Capitolio, volver a presentarse a unas elecciones, como intenta a contrarreloj el Partido Demócrata. ¿Deberíamos aplaudir, entonces, que en el supuesto de ganar esos comicios, regresara al despacho presidencial por muchos votos que obtuviera? También Hitler y Mussolini alcanzaron el poder tras cosechar un considerable número de votos. O los dictadores de izquierdas, como Andrés Ortega en Nicaragua, que tras conquistar el poder democráticamente han acabado con la independencia judicial en sus países y puesto fin al Estado de Derecho. Al igual que hacen los dirigentes iliberales europeos, como Viktor Orbán, que amenaza tras arrasar en cada elección con convertir a su credo nacionalista a todos los poderes de Hungría, pese a que la liberal Unión Europea intente frenar sus ansias totalitarias. 

La democracia siempre estará en peligro cuando las mayorías ponen fin a la división de poderes e instalan a sus representantes en ellos ahogando cualquier disidencia, en lo que pasa ya a denominarse un Estado totalitario. No quiero ni pensar qué haría Podemos si gobernase en solitario y con una holgada mayoría parlamentaria, porque estaríamos cerca del fin de la democracia en nuestro país.

Identidades

La entrevista al historiador Serhii Plokhy, publicada recientemente por El País, clarifica la controversia identitaria de los ucranianos. El propio autor, profesor en la Universidad de Harvard, nació en una localidad rusa, pero se crió en Ucrania. Hoy en día, lejos de tener pasaporte ruso, mantiene una doble nacionalidad: ucraniana y norteamericana, el país donde trabaja.

Sus reflexiones son muy interesantes, entre ellas su crítica a una Europa que durante décadas ha financiado a Rusia con su dependencia energética. De entrada, sostiene que la guerra empezó en 2014 cuando Rusia invadió Crimea, momento en el que cambiaron las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al aceptarse en el debate político que una potencia se apoderase de territorios más allá de sus fronteras, lo que evocaba paralelismos con el expansionismo alemán dirigido por Hitler antes de dicha conflagración.

Plokhy considera además que el destino de Crimea y el Donbás dependerá del frente bélico; es decir, que el futuro de esos territorios lo decidirá la propia guerra; pero el fracaso de Putin es indiscutible en la medida en que Ucrania, con mayor o menor territorio, seguirá siendo independiente, cuando el autócrata ruso perseguía el control del espacio pos-soviético, meta en la que aún persevera.

Sin embargo, el mayor error de Putin ha sido contribuir como nadie a establecer una identidad separada de Ucrania y Rusia. Desde 2014, los ucranianos, divididos por diferencias religiosas, lingüísticas y étnicas, han fortalecido su identidad nacional a lo largo de estos crueles ocho años. El nacimiento de la nación ucraniana, más allá de los precedentes de los partidarios filonazis de la Segunda Guerra Mundial, se ha efectuado ahora, gracias a la invasión rusa. Hecho indudable que remarca la importancia de las construcciones nacionales, como algo vivo que afecta a las identidades, desprovistas de todo naturalismo perenne y sujetas a las subjetividades del acontecer.

Sedición

Sobre la controvertida iniciativa gubernamental cabe hacer diversas consideraciones. La primera es que el Gobierno Sánchez no ha propuesta la modificación del delito de sedición, sino su supresión, poniendo fin, si las Cortes así lo ratifican, a un delito incluido en nuestro código penal desde el Trienio Liberal, cuando la burguesía liberal y en algunas circunstancias revolucionaria, dirigió desde el poder la construcción del Estado que hoy en día está vigente, modificado por la democratización del mismo, en otros momentos históricos, fundamentalmente en época de la Segunda República y tras la transición vivida después de la muerte del último dictador.

No se trata, pues, de una modificación, sino de la anulación de un instrumento que el Estado se otorgó para penalizar las conductas destinadas a poner en riesgo la construcción nacional española, el principal objetivo de esos liberales decimonónicos que iluminaron al mundo  con la Constitución de 1812, modelo en el que, con sus sombras, se vio confortado el progresismo de la Edad Contemporánea. 

En segundo lugar, cabría poner en cuestión el argumento de que tal delito de sedición no tiene equivalente en el resto del mundo occidental, en la medida en que en Estados Unidos, cuya Constitución de 1787 inició el liberalismo y la democratización, existe tal instrumento punitivo, con el que un tribunal popular acaba de condenar a un ultra pro Trump por el asalto al Capitolio de 2021, al que le puede caer la friolera de 20 años de cárcel.

En nuestro ordenamiento jurídico, el delito de sedición conforma junto al de rebelión el valladar punitivo contra aquellos que pretendan la deconstrucción nacional mencionada. Sin embargo, tal como puso de relieve hace escasos días en una tribuna en el diario El País, el exministro socialista Tomás de la Quadra Salcedo, la última redacción en el Código Penal del delito de rebelión, hecha en 1995, liga esta con la violencia. Por ello, el Tribunal Supremo no pudo condenar a los alzados en el proces por ese delito. De tal manera, que una repetición de tal situación, solo podría ser sancionada con la sedición, siempre que tal delito no sea suprimido, como parece, por el Parlamento.

De ser finalmente así, el Estado español se verá desprotegido, máxime porque su sustitución por el de desórdenes públicos con violencia, como ha pergeñado el gobierno, solo afectaría a los soldados independentistas, no a sus dirigentes; es decir, a los políticos del proces, lo que permite ligar la maniobra política en curso con un resabio de corporativismo político muy alejado de los ideales que anidan en la sociedad actual.