Algo se mueve en Gibraltar

Las autoridades de Gibraltar han llegado a la conclusión de que el futuro del peñón no puede estar muy alejado de la Unión Europea, por lo que han enviado claras señales a sus interlocutores españoles a favor de algún tipo de unidad aduanera con la UE y un libre tránsito al modo de libre circulación existente entre los Estados europeos de Schengen.

Todo ello es más que razonable, aunque solo sea atendiendo a la geografía del enclave británico en Europa. Y los males entrevistos  del Peñón tienen un solo culpable: el nefasto referéndum del brexit, instrumento malhadado para la unidad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que, como suele ser usual en todos los plebiscitos, ganó un nacionalismo, en este caso el inglés, y perdieron muchos ciudadanos británicos, entre ellos infinidad de escoceses, irlandeses y también gibraltareños.

El gobierno de ese adalid del nacionalismo inglés, el populista Boris Jonson, tuvo que transigir que Irlanda del Norte disponga de unas aduanas propias, en aras del mantenimiento del plan de paz con la República sureña y por propio interés comercial de sus habitantes. Ahora, empieza el turno para Gibraltar, cuya entrevista de su ministro principal, Fabian Picardo, con la ministra de exteriores española, Arancha González Laya, ha levantado el recelo en un Johnson que puso en cuarentena a todos los que viajen desde España, actuando una vez más como todo el populista y, por tanto, nacionalista, que es.

La opinión internacional

La gravedad de los rebrotes de coronavirus en nuestro país, que nuestras autoridades relativizan, ha sido puesta en evidencia por los principales países de nuestro entorno, más allá de que estos se muevan por intereses propios y que sus gobernantes tengan que tomar decisiones dejándose llevar por sus respectivas opiniones públicas. Es el caso del Reino Unido de Boris Johnson, un político que toma decisiones, contradictorias muchas veces, según sople el viento entre sus votantes. Pero también, ocurre en Estados donde el populismo aún no ha inundado su gobernanza. Francia ha aconsejado a sus connacionales no viajar a Cataluña por la situación allí de la epidemia, mientras que Alemania -cuya mandataria, Angela Merkel ha demostrado la solidaridad con España por la crisis económica derivada de la pandemia- acaba de extender la recomendación también a Aragón y Navarra.

España presenta graves problemas de rebrotes en al menos esas tres comunidades, que a juicio de mandatarios europeos responsables -caso de Macron y Merkel- obligan a cerrar el flujo transfronterizo. Y sin contar con la situación de otras comunidades, como Madrid, a cuyos gobernantes les cuesta poner en práctica las dos recomendaciones básicas de las autoridades sanitarias por anteojeras ideológicas: aumentar el número de rastreadores de contagios y potenciar la red primaria de asistencia pública.

En muchas de estas comunidades ha quedado en evidencia la quiebra del argumento de que los problemas se enfrentan mejor con la cercanía de los gobernantes, uno de los principios invocados hace cuarenta años para la necesaria descentralización del poder en España, lo que tampoco nos debe llevar a un debate recentralizador, salvo en cuestiones globales, como el cambio climático o propiamente las epidemias, como es el caso.

Por ello, se echa en falta una actuación más decidida del gobierno de España en la fase actual de la pandemia. Tras el fin del Estado de alarma, el gobierno Sánchez parece haberse desatendido de la crisis sanitaria, delegando en las comunidades, y centrarse en la recuperación económica, aspecto que evidentemente es crucial, pero que no debe impedir olvidar la perspectiva de la salud pública, donde sería necesaria una intervención mayor del ejecutivo. Así, al menos nos lo piden desde fuera.

Freno de emergencia

Una de los puntos acordados en la histórica -sin exageración- cumbre desarrollada por la Unión Europea estos días en Bruselas es la implementación de un denominado freno de emergencia a la hora de transferir los fondos acordados para la recuperación económica, según la cual un Estado puede activarlo si entiende que el país beneficiado no cumple con las directrices europeas para salir de la crisis que vivimos. 

Tal instrumento tiene más de propaganda que de utilidad y está destinado al consumo interno de los países que en esta cumbre han sido tildados de frugales, especialmente de Holanda el Estado que se ha erigido en estos días en el campeón de la ortodoxia económica. Eso es así, porque tal freno de emergencia solo es posible utilizarlo transitoriamente -tres meses- y no de una manera definitiva, siempre que no cuente con el apoyo mayoritario de Estados que representen el 55% de la unión y que dispongan del 65% de la población europea.

Se impide así que uno solo de esos Estados, Austria, o acompañado del resto de los frugales -Suecia, Austria y Dinamarca- pueda vetar indefinidamente una transferencia de fondos a España o Italia. Necesitará el respaldo de una mayoría cualificada.

Y eso es así, porque la concepción de la Unión Europea es federal, no confederal. Es decir, la UE es una asociación de naciones que aspiran a una unión federal futura, alejada de instrumentos como el veto, propio de concepciones confederales, donde las partes originarias se reservan su capacidad esencial distintiva. Tales términos, seguro, que son entendidos en un país como el nuestro, tan mediatizado por el debate territorial, donde los nacionalismos abogan por la confederación y el unionismo por la federación.

Estos días en Bruselas ha triunfado, pues, la federación europea, aunque tampoco ha estado de más el toque de atención que nos han dado los frugales y su anecdótico freno de emergencia. Porque a la hora de repartir dinero entre los europeos, es razonable que los países más ricos levanten la voz cuando los más pobres prometen a sus ciudadanos medidas que no han implementado en sus propios países por prudencia económica. Es sin duda, un tirón de orejas a quienes tienen la tentación de basar su política en el populismo, hecho que nos debería llamar a la reflexión.

La epidemia en Cataluña

La situación de la epidemia en Cataluña es preocupante. Hemos pasado en unas pocas semanas de una situación controlada a otra en la que los contagios aumentan sin cesar y la respuesta de las autoridades sanitarias no acierta en las soluciones. Que están son difíciles no es ninguna novedad. Desde la llegada del Covid-19 hemos aprendido lo difícil que es actuar contra el virus, pero es necesario implementar una estrategia de defensa de la población.

El argumento de que la respuesta será mejor si la deciden las autoridades más cercanas no siempre se traduce en acierto, pese a que haya sido sostenido desde posiciones ideológicas como la nacionalista. Recuerden frases del tipo de en una Cataluña independiente habría habido menos muertes, que hoy no solo deberían sonrojar a quienes las mantuvieron,  sino llevarles a una autocrítica sincera y efectiva.

En la resolución del reto de la pandemia del coronavirus las soluciones deben ser cuanto más globales mejor, porque el virus se ha propagado por todo el planeta. La Generalitat de Cataluña pretendió mostrar una comparación entre la gestión hecha por el gobierno a través del Estado de alarma y la que ha desarrollado en uso de sus plenas competencias favorable a sus presupuestos ideológicos, pero los hechos están dando la vuelta a tal presunción.

La atención del sistema sanitario primario y el énfasis en la constitución de equipos potentes de rastreadores son herramientas imprescindibles en la lucha contra la epidemia que la Generalitat de Cataluña no ha sabido gestionar adecuadamente, llevándonos a una situación de desbordamiento que debería ser corregida. Por ello, tampoco se entiende, que el gobierno de España se mantenga alejado de lo que está pasando. Es su responsabilidad actuar, preferiblemente con el consenso de las autoridades sanitarias catalanas, pero también sin él. Estamos en un momento en el que, como pasó al inicio de la crisis, las ideologías deben dejar paso a la gestión racional y científica. Por el bien de todos.

Cinco titulares para dos elecciones

Las elecciones en Galicia y Euskadi nos dejan varios titulares:

1. La victoria arrolladora de los candidatos moderados y menos conflictivos con el gobierno central durante la crisis del coronavirus. Feijoo y Urkullu han rentabilizado en las urnas un saber hacer, lejano a la crispación, aplicando en sus respectivos territorios una gobernanza escasamente ideologizada y atendiendo a las soluciones técnicas. Muchos gallegos y vascos se lo han agradecido.
2. La cuarta mayoría absoluta del candidato del PP en Galicia y la holgura de la misma, convierten a Feijoo en un referente de centrismo político, alejado de la orientación del mismo partido a nivel nacional. Tal hecho cuestiona a Pablo Casado, quien ha pretendido poner coto a la vía de agua provocada por Vox con una búsqueda de regreso a las esencias de la derecha. El desastre de su candidato en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, a quien impuso sobre el pragmático Alfonso Alonso, corrobora el fracaso del planteamiento de Casado, que se ha saldado en Euskadi con la confirmación de la pérdida de Alava y su entrega al nacionalismo del PNV. Si, hace una quincena de años, alguien hubiera vaticinado que el PP apenas sería relevante en la provincia vasca meridional, nadie le habría hecho caso. Hoy en día, es la cuarta fuerza política provincial, cuando fue la primera tras heredar la hegemonía de la UCD de la Transición democrática. Y encima, Vox logra allí su único escaño.
3. El incremento del voto del nacionalismo vasco, especialmente el de EH Bildu, los herederos de Batasuna, corrobora su atractivo entre las nuevas generaciones de vascos. Y a la vez el fracaso de las formaciones que sufrieron la violencia etarra de convencer en el debate moral a los nuevos votantes. Entre los vascos más jóvenes, el recuerdo de ETA no es una losa que perjudique a la formación que reclama su legado ideológico. En este sentido, la victoria de la democracia sobre ETA no ha disfrutado del corolario consecuente en la mentalidad de las nuevas generaciones.
4. El nacionalismo se recupera también en Galicia, desplazando el BNG a los socialistas como la oposición al PP. Reaparece así un viejo actor político, que ya tuvo mucho predicamento en la década de los noventa con un duro discurso social e identitario.
5. Los comicios de ayer, tanto en Galicia como en Euskadi, corroboran además que elección tras elección Podemos avanza hacia la irrelevancia. Nueve años después del 15-M, cabe preguntarse ¿qué queda de aquello? Poco, salvo su reacción: Vox.

Revés para España, pero también para Europa

La elección del irlandés Paschal Donohoe sobre la española Nadia Calviño es un revés para el gobierno de Pedro Sánchez y por tanto para España, pero también es una mala noticia para Europa o, al menos, para los que entendemos que la solución para gran parte de nuestros problemas, pasa por más Europa.

Me explico. Hay dos razones que explican por qué la elección de Donohoe como presidente del Eurogrupo en detrimento de Calviño es una mala decisión, y una tercera que debería servirnos de autocrítica en España. La primera incide en que es una victoria de los estados pequeños frente a los grandes de la Unión Europea, hasta el punto que los ciudadanos del 20% del PIB europeo se hayan impuesto sobre los que constituimos el 80%. Es, pues, un triunfo de las particularidades, frente a lo general en el seno de Europa; algo muy típico de nuestros tiempos, donde prevalecen los intereses peculiares y singulares, en vez de los comunes. El temor de los pequeños países a los grandes constructores de Europa, lease Alemania y Francia, no puede ser una buena noticia para los que ansiamos una más decidida unión europea.

En segundo lugar, ha sido una derrota en una batalla en la que los postulados más liberales se verán reforzados frente a los socialdemócratas en un organismo clave, el que reúne a los ministros económicos que comparten el euro,  y que será esencial en la recuperación económica a la que nos abocamos tras la pandemia que hemos sufrido. Los europeos más débiles sufrirán en primera persona tal elección.

Y en tercer lugar, evidencia una desconfianza de diez de los 19 países que comparten la moneda única a un gobierno, el español, donde se sienta una formación política populista, que, queramos o no, no suscita la confianza de la mayoría de nuestros socios europeos. Es en este tercer punto en el que la autocrítica debería darse entre los ciudadanos españoles, lo cual no quiere decir que deba llevar a un cambio de voto en las próximas elecciones, pero sí a un debate racional de qué queremos ser.

Rebrotes

De todos los rebrotes de covid-19, ahora mismo el que más preocupa es el de la comarca del Segre, más que por el número de contagios, que también, por los escasos recursos técnicos y humanos en la red de rastreadores necesarios para evitar la propagación de la epidemia. 

No deja de ser curioso que tal actuación sea competencia de una comunidad autónoma, la catalana, que junto a la madrileña, destacó por su sistemática oposición a la actuación del gobierno de la nación durante el Estado de Alarma. En ambos casos, la raíz de tal hecho radicó en presupuestos ideológicos, independentistas en uno y ultraliberales en otro.

Y también es llamativo que en ambas comunidades, asistiéramos en los años de la gran recesión económica a políticas de brutales recortes de lo público, en concreto de la Sanidad, llevando a esta última a una situación de debilidad tal, que cuando empezó la pandemia dejó a sus ciudadanos tirados a los pies de la calamidad. En Madrid, los gobiernos de Ignacio González, y en Cataluña de Artur Mas, ejecutaron sin contemplaciones aquellos recortes. El primero, encarcelado, y el segundo, inhabilitado, fueron, pues, los máximos responsables de que cuando llegó la pandemia, ni Madrid, ni Cataluña, estuvieran preparadas para afrontar la debacle que vino. Sus sucesores en el poder, Díaz Ayuso y Torra, se limitaron a criticar al gobierno de Sánchez, cuando el problema lo tenían ellos mismos. 

Plus de independencia

El Tribunal Constitucional celebra sus cuarenta años de existencia, durante los cuales ha desarrollado con profesionalidad jurídica su difícil labor de interpretación constitucional, en un organismo que carecía de antecedentes en nuestro país, salvo el breve Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República.

En estos años ha afrontado complicadas resoluciones, que todos conocemos, como el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, que más que poner a prueba a sus magistrados, deslució la labor previa que hicieron los políticos.

Tal hecho incide además en otro de los problemas que arrastran todos estos organismos en el mundo que nos rodea, ¿el de quién elige a sus miembros? En España, los doce magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, lo que nos lleva al problema de origen: la larga sombra política, que puede poner en tela de juicio sus resoluciones.

En Estados Unidos, donde no existe Tribunal Constitucional, pero si Supremo con las competencias del primero además de las propias de ser la más alta institución judicial del país americano, sus integrantes son elegidos por el presidente de los Estados Unidos, lo que obviamente nos sitúa en el mismo problema. Sin embargo, presenta una notable diferencia: el magistrado es elegido para el resto de su vida; es decir, su cargo es vitalicio y no es sustituido al cabo de los años, nueve en España. 

Tal sutil diferencia otorga a los magistrados un plus de independencia, que disipa más la niebla que atenaza todos los organismos elegidos directa o indirectamente desde la política.

Motivar la reflexión

Vladimir Putin ha logrado el respaldo popular para perpetuarse en el poder hasta previsiblemente 2036. Para ello, ha utilizado el medio habitual al que recurren los autócratas: el referéndum, instrumento que les permite disfrutar de una relación directa con el pueblo, sin controles intermedios, que son precisamente los propios de los Estados de Derecho y que confieren de auténtica legitimidad a la democracia.

Pese a que es habitual, no deja de ser paradójico que tal instrumento sea el preferido por todos aquellos que desdeñan la democracia representativa, ya sean dictadores o entusiastas del empoderamiento popular mediante la denominada democracia directa. Lo que debería motivar la reflexión.

El fin del siglo americano

El siglo XX es conocido con razón como el siglo americano, en concreto de los Estados Unidos, que más allá de ser la potencia hegemónica, cuyo paroxismo llevó en la última década al triunfo sin paliativos sobre la opción rival comunista, supuso la exportación de un modo de vida que se extendió por todo el planeta, presentando tal sistema cultural como la manifestación más lograda de la evolución humana, ejemplo del espejo en el que mirarnos.

Dos décadas después de iniciado el siglo XXI, tal imagen ha quedado rota. Tensiones raciales, derivadas de una construcción nacional excluyente de la numerosa minoría negra llegada en condiciones de esclavitud, flagrantes desigualdades sociales derivadas de una ideología ultraliberal que pone en entredicho la democracia, acercándolo a los que denominamos Estado fallido, al mostrar sus limitaciones ante una epidemia como la que padecemos en el mundo, son algunos de los síntomas del fin de toda una época. También, el hecho, tal vez más anecdótico, pero no por ello menos preocupante, de la incapacidad para elegir a los mejores a la hora de dirigir el país, como evidencia la llegada al poder de Trump, algo que siempre se repite cuando los imperios inician su decadencia.