Plus de independencia

El Tribunal Constitucional celebra sus cuarenta años de existencia, durante los cuales ha desarrollado con profesionalidad jurídica su difícil labor de interpretación constitucional, en un organismo que carecía de antecedentes en nuestro país, salvo el breve Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República.

En estos años ha afrontado complicadas resoluciones, que todos conocemos, como el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, que más que poner a prueba a sus magistrados, deslució la labor previa que hicieron los políticos.

Tal hecho incide además en otro de los problemas que arrastran todos estos organismos en el mundo que nos rodea, ¿el de quién elige a sus miembros? En España, los doce magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, lo que nos lleva al problema de origen: la larga sombra política, que puede poner en tela de juicio sus resoluciones.

En Estados Unidos, donde no existe Tribunal Constitucional, pero si Supremo con las competencias del primero además de las propias de ser la más alta institución judicial del país americano, sus integrantes son elegidos por el presidente de los Estados Unidos, lo que obviamente nos sitúa en el mismo problema. Sin embargo, presenta una notable diferencia: el magistrado es elegido para el resto de su vida; es decir, su cargo es vitalicio y no es sustituido al cabo de los años, nueve en España. 

Tal sutil diferencia otorga a los magistrados un plus de independencia, que disipa más la niebla que atenaza todos los organismos elegidos directa o indirectamente desde la política.