Motivos contra el indulto

Les voy a exponer mis razones contra el previsible indulto gubernamental a los presos del proces independentista:

1. Estoy en contra del hecho de que en un Estado de Derecho del siglo XXI alguien tenga la capacidad de indultar un delito. Tal prerrogativa era propia en el Antiguo Régimen del rey y ya en el Estado liberal del gobierno, extremos que la propia evolución política debería haber liquidado, en aras de la independencia del poder judicial que determina qué es delito y que no es, lo que llevaría a la plenitud del Estado de Derecho.
2. Según nuestra jurisprudencia, que en esta materia arranca de la ley de 1870, para que haya indulto debe haber arrepentimiento, circunstancia que ha quedado acreditada que los condenados no cumplen. Sus reiterados llamamientos a que lo volverían a hacer son suficientemente explícitos.
3. Las bases políticas que sustenta el independentismo catalán ya han expresado su rechazo al indulto, al considerar que solo les contentaría una amnistía, expresamente negada en nuestro ordenamiento constitucional. Es decir, los réditos políticos que podrían derivarse del indulto quedarían muy limitados, al no ser este recibido satisfactoriamente por el independentismo.
4. Ninguna otra consideración estratégica, como la aritmética parlamentaria que sustenta al gobierno, debería influir en el ánimo del gabinete democrático que nos gobierna y de su presidente, cuyas miras convendría elevarlas a las políticas de Estado y alejarlas de maniobras tácticas en torno al indulto.
5. El único precedente histórico existente no anima a tal medida. El 6 de junio de 1935, el republicano Tribunal de Garantías Constitucionales, precedente de nuestro Constitucional, condenó a 30 años de cárcel  a Lluís Companys, presidente de la Generalitat, y a los miembros de su gobierno por rebelión. Sabido es que las últimas elecciones democráticas de la Segunda República dieron el triunfo al izquierdista Frente Popular, que se aprestó a indultar a los condenados el 21 de febrero de 1936. Menos de seis meses después, un golpe de Estado originó la más trágica guerra civil que hemos padecido y que ochenta años después, a tenor de lo visto, parece que aún no hemos superado.

El continente, aislado

Con un goteo constante, la lista de países que han suprimido los vuelos procedentes del Reino Unido no hace más que crecer. El continente europeo se aísla así de Gran Bretaña por temor a la nueva cepa del coronavirus que, según las propias autoridades británicas, está fuera de control en el sur de Inglaterra, incluida Londres.

La crisis provocada por el coronavirus nos ofrece una metáfora precisa del brexit, aquel malhadado referéndum, y nos recuerda la mítica portada de la prensa británica que hacía referencia a un niebla persistente en el Canal de la Mancha, cuya obvia consecuencia era, a ojos de aquellos lectores, que el continente europeo se había quedado aislado.

De hecho, es difícil encontrar un ejemplo mejor de profecía autocumplida. Sí, hay que admitir que el nacionalismo inglés lo ha conseguido. Su programa de máximos se ve refrendado por la realidad. ¡Enhorabuena! 

Cohesión europea

Ayer, el Parlamento Europeo aprobó por una abrumadora mayoría, 584 votos frente a 81, lo que podríamos calificar como el paso más significativo de la cohesión europea. La aprobación de los presupuestos más ambiciosos de su historia, que incluyen los fondos de recuperación por el Covid, suponen un punto de inflexión en la unión fiscal y económica de una serie de naciones que aprendieron que era más inteligente dejar de matarse y colaborar entre ellas.

Pasos como el de ayer permiten avanzar de un modo cualitativo en la formación de un demos europeo, un sujeto que, en el marco del Estado de Derecho, se afiance en ser la referencia mundial de prosperidad y democracia que en el último medio siglo ya ha iluminado al resto del planeta.

Obra de indudable mérito, que populares, liberales, socialistas y ecologistas corroboraron ayer votando unos presupuestos, que no fueron respaldados por los variados populismos de toda laya existentes.  Eso, también, conviene saberse y debe valorarse, como el lamentable hecho de que tal noticia apenas fuese aireada por nuestros provincianos medios de comunicación.

Mar de fondo

La suspensión de la cumbre bilateral con Marruecos, a petición de las autoridades del país vecino, y la crisis vivida las semanas pasadas en Canarias ante la llegada de miles de inmigrantes desde las costas controladas por Rabat, son solo las ondas superficiales de un mar de fondo que España parece no afrontar convenientemente, máxime después de un tuit del vicepresidente Iglesias favorable al referéndum saharaui y del hecho de que Pedro Sánchez haya sido el primer presidente de la democracia restaurada que no acudiese en su primer viaje oficial a Marruecos.

Nadie debería pensar que lo vivido en Canarias obedece a la imprevisión. Al contrario se trata de una eficaz presión del gobierno de Mohamed VI sobre España, que el gobierno Sánchez pretendió contrarrestar con la celebración de un encuentro de alto nivel en el que, como es usual en anteriores reuniones, aflojaríamos la billetera para garantizarnos durante un tiempo que nuestras conciencias no resonasen ante el clamor de la tragedia en el mar.

Porque de eso se trata, de un mar de fondo, que nos debería alertar, ante los movimientos sutiles del rey marroquí que ha logrado, in extremis, de la moribunda administración Trump, el reconocimiento de la soberanía saharaui de Marruecos, un territorio que conviene no olvidar era considerada por nuestras autoridades de hace medio siglo como una provincia más española. Un movimiento geoestratégico de imprecisas consecuencias, pero que puede afectar a la posición de la base militar norteamericana de Rota, cuya continuidad debe ser negociada precisamente en un año, sin contar con el rearme militar marroquí a expensas de los Estados Unidos. 

Mientras, nuestro gobierno nada en la superficie y tuitea mensajes demagógicos en vez de trabajar por soluciones a largo plazo en asuntos más trascendentales como la emigración en un mundo globalizado o el futuro de ese centenar de miles de personas que no hace tanto considerábamos españoles.

Brasil ha cambiado

Las elecciones municipales de Brasil han supuesto un serio revés para el populista Jair Bolsonaro y para el socialista Lula da Silva.  Incluso, el feudo del presidente, Río de Janeiro, precisamente donde éste empezó su carrera política, le ha dado la espalda, mientras que Sao Paulo, donde Lula se forjó como líder sindical, ha hecho lo mismo con el otrora gran referente de la izquierda mundial.

Los vencedores de estas elecciones locales son, en la derecha, los partidos tradicionales brasileños que hace dos años fueron barridos por el populismo de Bolsonaro, mientras que, en la izquierda, una nueva formación el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, una escisión del PT de Lula, le ha arrebatado la iniciativa a este último.

Dos años de populismo en Brasil han supuesto la recuperación de la derecha tradicional y la aparición de una nueva izquierda. En cualquier caso, ni Bolsonaro, ni Lula, han logrado convalidar en los comicios municipales sus aspiraciones a volver a ocupar el Palacio de Planalto. Brasil ha cambiado.

A la búlgara

El 91,5% de los votantes de Euskal Herria Bildu han refrendado la iniciativa de los dirigentes de la coalición de apoyar los futuros Presupuestos Generales del Estado, presentados por el gobierno Sánchez. Más allá del hecho de que una formación que pretende la independencia de España vote a favor de las cuentas de ese Estado que denosta y rechaza, y de que la mayoría de los análisis políticos se centren en el debate sobre la conveniencia moral de tal apoyo gubernamental, prefiero dedicar las siguientes líneas en examinar la capacidad de la izquierda abertzale para cohesionar a sus fieles. No en balde, más de nueve de cada diez militantes se ha decantado por respaldar tal iniciativa, que entre otras cosas supone avalar partidas económicas para la Casa Real o para las dotaciones de Policía y Guardia Civil desplegadas en Euskal Herria.

Tamaña competencia para soldar a sus fieles no es algo que se deba obviar, máxime si lo que se les ha pedido va en contra de la esencia de su proyecto político, como lo es respaldar el principal instrumento que tiene todo Estado para su construcción. La razón de ello debe buscarse en una historia de absoluta fidelidad a una vanguardia armada que durante décadas impuso una disciplina de hierro entre los suyos en aras de doblegar a ese mismo Estado al que ahora brindarán sus votos. 

Pero tal característica, que sonrojaría a más de una de las formaciones de la antigua Europa del Este, caracterizadas por una unanimidad etiquetada como congresos a la búlgara, es muestra de una temible fortaleza, capaz de respaldar el exterminio de los enemigos, como en el pasado, o de mudar la piel, como ahora. En cualquier caso, tal obediencia ciega debería ser objeto de preocupación para todos los que rechazamos las tiranías.

Se cayó del guindo

Parece que Estados Unidos va a salvar su democracia, después de que el populista Donald Trump la haya puesto a prueba con un ataque demoledor ejecutado premeditadamente desde la misma noche electoral. La orden para iniciar el proceso de traspaso de poder significa una cierta aceptación de la realidad por parte del todavía presidente, independientemente de que continúe su batalla en los tribunales y no sean aún descartables otras maniobras.

Sin embargo, la tensión que Trump ha sometido desde el pasado día 3 al sistema de recuento electoral ha socavado seriamente a la propia democracia estadounidense, la más antigua en vigor del mundo. Ese será el legado más recordado de un presidente que antepuso sus intereses personales a los de una nación de más de 325 millones de ciudadanos.

Pero, las consecuencias del ataque a la democracia estadounidense serán sin duda más profundas, acelerando el fin de la hegemonía de esa nación en el mundo y acabando con el denominado siglo americano, iniciado en 1919 sobre las ruinas de la Gran Guerra, cuando el entonces presidente Wilson impuso a la hasta entonces dominante Europa el nacionalismo para evitar el socialismo. Setenta años después, tal victoria se completó con la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con el fin del mundo bipolar, dando paso a  una sensación multipolar que, ni diez años más tarde, fue discutida por China, que acababa de recuperar Hong-Kong y reivindicaba su ascensión al mismo poder planetario ostentado por unos Estados Unidos, cuya autoridad ha sido socavada como nadie por Donald Trump.

Sí, el que anoche se cayó del guindo, después de precipitar la decadencia de su país.

Hacérnoslo mirar

Ocho leyes educativas diferentes en cuarenta años dice muy poco de nuestro país, hasta el punto de que ese solo dato puede cuestionar nuestra pertenencia a un Estado de Derecho, la máxima categoría política no adquirida, desgraciadamente, por toda la Humanidad. 

Sin duda que tamaño fracaso tiene unos responsables directos: los políticos y su excesiva dependencia ideológica, el verdadero virus de la contemporaneidad. Pero no solo cabe achacarlo a la actual clase política. De hecho, es extensible desde 1980, cuando se aprobó la primera de esas leyes, la LOEC. Desde entonces, al albur de las diferentes mayorías existentes, han pasado ante nuestros ojos la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE y, ahora, la LOMLOE. 

Todas ellas con aciertos y equivocaciones, como es lógico, pero tal sucesión evidencia el fracaso del consenso en una materia de Estado, probablemente la que más se ajusta a esa consideración, en la medida en que lo que tenemos en juego es la formación de las personas que dirigirán el futuro. Por eso, más allá de los políticos, la última responsabilidad es de todos nosotros, de una sociedad que haría bien en hacérselo mirar.

Alto Karabaj

Los combates en el Alto Karabaj han finalizado, al menos momentáneamente, con un alto el fuego que confirma la victoria de Azerbayán frente a Armenia, que ha visto reducido su dominio sobre este territorio. Mientras existió la URSS, el Alto Karabaj, entonces de mayoría cristiano-armenia, fue una zona autónoma en el interior de Azerbayán, un país túrquico-musulmán. La implosión de la potencia comunista dejó un reguero de conflictos territoriales, entre ellos el aquí mencionado, que ya vivió una primera guerra entre 1988 y 1994. Ni aquel conflicto, ni el actual, saciarán las reivindicaciones de unos y otros, marcadas por sendos nacionalismos, que solo traerán más pobreza y violencia.

El alto el fuego ahora decretado ha sido impuesto por Rusia, afirmando su papel hegemónico en los territorios asiáticos del antiguo Imperio soviético. Moscú ha logrado así minimizar las pérdidas territoriales de su protegida Armenia. 

Pero el gran triunfador del nuevo conflicto por el Alto Karabaj es Turquía, que a través de su peón, Azerbayán, ve aumentar su influencia en la zona. La política expansionista turca, practicada por Erdogan, logra así un nuevo éxito, expandiendo así sus tentáculos por el Asia Central, a la par que mantiene su intervención en el mundo árabe y en el Mediterráneo. Es lo que se llama neo-otomanismo, algo que los europeos deberíamos conceptuar antes de que sea demasiado tarde.

Maniobra deslegitimadora

La maniobra contra el futuro triunfo de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos, emprendida por el todavía mandatario Donald Trump, puede convertirse en una  deslegitimación de la democracia en la todavía primera potencia mundial, acrecentando aún más la percepción de su declive, como las imágenes de un lento y tortuoso, por no decir tercermundista recuento, muestra a los ojos de todo el mundo.

La manipulación de Trump era premeditada desde que empezó hace meses la campaña de desprestigio del voto anticipado por correo. El todavía presidente era consciente de las malas previsiones de voto que tenía, sobre todo desde la irrupción de la pandemia de coronavirus, y del hecho de que debido a la enfermedad el sufragio contrario a él se concentraría en esa modalidad de voto. Deslegitimándolo, se aseguraba, al menos, una excusa por su derrota, además de dejar abiertas mayores aspiraciones, como así ha sido.

Efectivamente, fue el hecho de que su base electoral resistiera, e incluso se incrementara con cerca de un millón más de votantes, hecho en sí es relevante, lo que le debió a animarle a salir en la noche electoral y presentarse como vencedor con los comicios presenciales. Su previa deslegitimación del voto por correo, le permitiría en los días futuros, como así ha sido, presentarse como una víctima del sistema electoral y pelear en los tribunales para intentar revertir los resultados.

De todo ello se extrae que si no su alcance, al menos su maniobra, fue premeditada, porque para Trump lo importante era vencer. No lo es ni la democracia, ni Estados Unidos. Por eso, la deslegitimación del voto por correo corre el riesgo de convertirse en una deslegitimación de la democracia norteamericana, algo que además alimentan los propios déficits del sistema electoral estadounidense, que son variados, pero entre los que podemos destacar el voto indirecto, y las normativas y organización descentralizada.

Derrota de los partidos en Chile

Los chilenos han votado a favor de una nueva Constitución y dejar atrás la carta magna que fue dejada por el dictador Augusto Pinochet. Ha sido por una abrumadora mayoría de los votos emitidos, el 78,27%, aunque solo acudió a las urnas el 50,90% de la ciudadanía. Tal cifra no le resta legitimidad al resultado ya que supone más de la mitad del electorado, lo que es muy relevante, máxime en una situación de pandemia. Además, en Chile votar es voluntario, lo que es una excepción en Suramérica donde es obligatorio para todos los ciudadanos. 

Por todo ello, no cabe duda que Chile ha dado un paso adelante significativo, poniendo fin definitivamente a una época que se inició el 11 de septiembre de 1973 con el asalto de los militares al palacio de la Moneda y la instauración de un tenebroso régimen dirigido por Pinochet que practicó sistemáticamente la represión y el asesinato de los opositores. En 1980, el dictador logró mantenerse diez años más en el poder y, mediante un plebiscito, sacar adelante una Constitución que hoy ha sido barrida democráticamente.

Todo ello es muy relevante, pero también lo es que los chilenos votaban otra cuestión: el órgano que elaborará la futura constitución. Los ciudadanos tenían dos opciones: una Convención constitucional formada entre parlamentarios y miembros de la sociedad civil,  u otra en el que todos sus miembros fueran de la segunda condición. 

Por una abrumadora mayoría, cifrada en un 78,99%, superior por tanto a la decisión de cambiar la Constitución, Chile ha optado por que los miembros de esa Convención, elegidos democráticamente, sean miembros de la sociedad civil, no de los partidos políticos. Tamaña derrota de los partidos, es uno de los aspectos más relevantes de lo que se ha vivido en Chile en las últimas horas y que conecta con la fuerte protesta social, a través de manifestaciones populares, que ha marcado a Chile en el último año. 

El electorado chileno manda así un claro mensaje contra el excesivo peso que las ideologías, a través de las formaciones políticas, tienen en nuestras sociedades, abogando por una carta magna hecha sin intervención directa de los partidos políticos. Con la derrota de estos, cierra así Chile un período de cincuenta años, iniciado con la llegada en 1970 de Salvador Allende al palacio de la Moneda, en el que una poderosa ideologización, a veces de sentido contrario, dominó a la sociedad, victimizándola en demasiadas ocasiones.

¡Viva la muerte!

El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer, decretando el Estado de alarma. Es más, lo tendría que haber hecho hace mes y medio, antes de que la curva de contagios nos terminara aplastando. Por segunda vez, la primera fue al inicio de la pandemia, llega tarde. Está claro que es difícil que el ser humano aprenda de sus errores.

Dicho esto, bienvenido sea el nuevo decreto de alarma, independientemente de la duración del mismo, hasta mayo como pretende el gobierno, o menos largo, como parecen insinuar algunos grupos parlamentarios, como el PP y Ciudadanos. Este extremo, de menor importancia en su consideración, puede someterse a corrección en un futuro, si se observa la derrota de la segunda ola del coronavirus.

Lo que sí es más relevante es la petición de explicaciones a otros grupos parlamentarios, como los del PP y ERC,  por haber sido tan cicateros con la extensión de los primeros estados de alarma cuando sufríamos la primera ola del Covid-19. Si esos grupos hubieran apostado por una desescalada más completa bajo el paraguas jurídico del Estado de alarma, no nos encontraríamos en la situación que padecemos hoy en día y habríamos salvado a muchos de los cinco mil fallecidos que se estima han muerto en esta segunda oleada.

Porque estamos hablando de muertes. Esa es la gravedad del caso. Y por eso es revelador el pronunciamiento de Vox contra la reintroducción del Estado de alarma, el único partido que hasta el momento se ha posicionado radicalmente contra tal medida. Extremo que forma parte de su negacionismo, al estilo de Trump, dando alas a las manifestaciones libertarias que se vivieron en la primavera pasada contra el primer confinamiento, anteponiendo la libertad individual frente a la salud pública, primando a los fuertes sobre los débiles Todavía recordamos en nuestra memoria las imágenes del descapotable ornamentado de banderas, recorriendo las calles. 

Con su posicionamiento, Vox se ha retratado, ofreciéndonos una coincidencia de su credo político con la que cerrará un círculo de 85 años. Será el próximo 12 de octubre. Ese día de 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, subió al estrado el general Millán Astray para gritar: ¡Viva la muerte!

Falta de atención de los políticos

La moción de censura a Pedro Sánchez de Vox ha supuesto una pérdida de tiempo en unos momentos como los que vivimos a causa de la pandemia que no nos debemos permitir, evidenciando que el fin del bipartidismo no era la panacea que algunos ingenuamente creyeron.

No obstante, sí que ha facilitado la tardía reacción de Pablo Casado, el dirigente del PP elegido en unas primarias del PP en detrimento de la mucho más experimentada Soraya Sáenz de Santamaría. El nuevo líder conservador pronunció ayer un duro discurso contra Abascal, línea que veremos si se consolida en el futuro, pero que al menos ha tenido ya una buena consecuencia: la oferta de Sánchez de volver a negociar la renovación del CGPJ, parando la iliberal reforma de la ley orgánica del poder judicial, sobre la que la Comisión Europea había puesto sus ojos vigilantes.

En la catástrofe que padecemos a causa del Covid, todo aquello que no sea la colaboración entre los dos principales partidos políticos es un grave error, que conlleva la progresiva desacreditación de los políticos y de la propia política por parte de una sociedad que mira a la Carrera de San Jerónimo y no aprecia atención.

Toque de atención de Bruselas

La Comisión Europea ha dado un toque de atención al gobierno Sánchez por su intención de reformar la ley orgánica del Poder Judicial, evitando consultar a todas las partes afectadas. En una materia tan sensible, que incide en la esencia del Estado de Derecho, tal requisito es crucial, porque es lo que diferencia a una democracia de otros tipos de regímenes. De lo contrario, pese a las protestas del ejecutivo, estaríamos entrando en una senda muy peligrosa en la que podríamos ser comparados con Polonia y Hungría, algo que nos debería hacer reaccionar.

No todo vale para conseguir más poder. Al menos, en democracia.

Totalitarismo

El gobierno Sánchez pretende modificar la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de superar el bloqueo que el PP ha impuesto en la renovación de los miembros del CGPJ, el consejo que dirige al tercer poder del Estado. Para ello, cree contar con una mayoría parlamentaria  suficiente, por lo que ha iniciado hoy el trámite en las Cortes.

La posición de los dos partidos al respecto ha empezado a conocerse con la presentación en el Congreso de una proposición de ley. La medida que más atención ha merecido en los medios de comunicación ha sido la propuesta de elección de doce de los veinte miembros del consejo por una mayoría de parlamentarios menos cualificada que hasta ahora: por mayoría simple, en vez de por tres quintos. En esa opción, que devalúa el respaldo de los órganos legislativos, en la medida en que los elegidos contarán con un apoyo menor de las fuerzas políticas representadas en las Cortes, participan tanto el PSOE como Podemos, sin valorar que de esa manera la intromisión gubernamental, a través de los partidos que sustentan al ejecutivo, será mayor en el Consejo General del Poder Judicial, ya que no necesitará pactar con el principal partido de la oposición para cubrir las vacantes de la mayoría de sus miembros, algo que no ha ocurrido en los cuarenta años desde la restauración democrática..

Sin embargo, hay otro aspecto de la iniciativa que es objetivamente aún más preocupante, aunque esta solo parece, de momento, responder a la iniciativa de uno de los dos socios gubernamentales, en concreto de Podemos, ya que no aparece en el texto de la proposición de ley registrada en el Congreso, aunque esta deja abierta la posibilidad de que sea finalmente apoyada por el PSOE.

Ambas formaciones son partidarias de impedir que un CGPJ en funciones pueda tomar decisiones relevantes, como la provisión de vacantes en los tribunales, el traslado de los jueces  y magistrados, así como la gestión de permisos y licencias, jubilaciones, etc. El problema es que la proposición de ley presentada, no aclara quién decidirá  esas relevantes decisiones, con las que se gobierna el Poder Judicial y que en manos de cualquiera de los otros dos poderes (gobierno o parlamento) supondría la subordinación pura y dura del tercero a uno de ellos; es decir, el fin de la separación de poderes, conceptualización formulada por Montesquieu y base del Estado de Derecho. De prosperar la iniciativa del socio de Sánchez nos adentraríamos, como Polonia o Hungría, en el iliberalismo, en la senda del totalitarismo que precisamente combate la Unión Europea. 

Podemos pretende, pues, que esas relevantes decisiones pasen al gobierno, lo que supondría un hecho de gravedad indiscutible, ya que de esa manera el ejecutivo podría premiar a los jueces y magistrados que quisiese y castigar a los que se atrevan, por ejemplo, a actuar contra los miembros del gobierno.

Fue la Constitución de 1812, la más iusracionalista de todos los textos constitucionales que hemos tenido, la que estableció la separación de poderes, evidenciando que era hija de la Revolución francesa y de la Ilustración. En el resto del siglo XIX, tan solo la de 1869, surgida de en el Sexenio Democrático, avanzó en ese presupuesto y creó por primera vez un Poder Judicial. En cambio, el resto de los textos constitucionales del novecientos, elaborados por los sectores moderados del liberalismo, enfrentados a los progresistas, apostó por una mera Administración de Justicia, que no Poder Judicial, en manos del gobierno, especialmente la de 1876, diseñada por el conservador Cánovas con el objetivo de controlar todo el poder.

Ese es el espejo en el que se mira Podemos, una formación en la que al menos parte de sus dirigentes, los que provienen de la universidad, no desconoce estos extremos. Hay que buscar en la II República, con otro texto constitucional, ya del siglo XX, en el que se reconocía taxativamente la separación de poderes, el recelo de una parte de la izquierda hacia los jueces, al considerarlos conservadores y contrarios a la revolución, la aspiración suprema a la que todo debe sacrificarse, también la democracia y el Estado de Derecho. Eso es totalitarismo.

Alarma en Madrid

Tras perder más de tres semanas en estériles discusiones políticas, el gobierno ha hecho lo que tenía que haber hecho hace ya un mes, decretando el Estado de alarma en el municipio de Madrid y en otros aledaños.

En todo este tiempo perdido, se han producido centenares de muertes, se han infectado del virus miles de ciudadanos y hemos vuelto a ver cuestionada la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Mientras todo eso pasaba, se daba una incesante plática crispada entre los miembros de dos instituciones estatales, los gobiernos nacional y de Madrid, sin lograr el acuerdo entre ellas.

De todo ello son responsables ambos ejecutivos, sin duda. Pero ambos incurren además en otras. El de Madrid por no haber hecho lo que aconsejaban los expertos sanitarios cuando en junio pasado se puso fin a los primeros estados de alarma: fortalecer la atención primaria sanitaria e incrementar el número de rastreadores de infectados. En cambio, el gobierno de Ayuso se ha dedicado desde entonces a poner trabas al ejecutivo de la Nación y a amagar con una rebeldía que ha recordado en demasiadas ocasiones a la que practicaba Quim Torra.

Y el gobierno Sánchez ha dejado pasar seis meses sin presentar ante el parlamento una ley orgánica de salud pública que permita a los ejecutivos limitar derechos individuales en aras del combate epidémico, evitando así diversos varapalos de los tribunales y verse obligado a recurrir de nuevo al Estado de alarma.

Es ciertamente triste, comprobar como en un escenario dramático, en sí por las consecuencias sanitarias y también porque la gravedad de estas posponen la apremiante recuperación económica, políticos de los dos principales partidos de nuestro país no solo han sido incapaces de ayudar en las soluciones, sino que de hecho las han agravado.

El Rey, en Cataluña

Por fin, ayer, el gobierno dio una explicación sobre porqué había vetado la presencia del Rey en Cataluña el pasado domingo en la entrega de despachos de los nuevos jueces. Lo hizo, según comentó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para preservar la convivencia.

Entendía el ejecutivo de Pedro Sánchez que la convivencia de los ciudadanos en esa comunidad autónoma se podía ver alterada por la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra, que el Tribunal Supremo hizo pública un día después, y por la próxima coincidencia en el aniversario , el 1 de octubre, del referéndum que los separatistas celebraron en Cataluña hace tres años.

La protesta contra la notificación al ya expresidente de la Generalitat de su inhabilitación se saldó ayer con varios centenares de personas concentradas en la plaza de San Jaime, lugar que no consiguieron llenar, y con un millar de manifestantes en la plaza Urquinaona y posteriormente frente al Parlamento catalán. Se quemaron contenedores y algunos de los concentrados tiraron piedras contra la policía autónoma. En Girona, otro millar de manifestantes se manifestó por algunas de sus calles.

Esa ha sido la protesta por la sentencia contra Quim Torra, que no se puede calificar en ningún caso de grave alteración de la convivencia ciudadana, más allá de que los concentrados de ayer no guardaran la distancia de seguridad necesaria para evitar la propagación del Covid-19. Es verdad, que no sabemos, lo que ocurrirá de aquí al 1 de octubre, pero los motivos alegados por el gobierno parecen, a día de hoy, cuando menos exagerados, pese a lo mantenido por la vicepresidenta Carmen Calvo insistiendo en que el veto al Rey era una decisión muy bien tomada por el gobierno. Un ejecutivo, que dicho sea de pasada, podía haber supuesto que el Tribunal Supremo pospondría la comunicación de su decisión a que hubiera acabado el acto previsto del Rey en Barcelona, como así ha sido, dilatándolo un día y esperando al primer día laborable siguiente.

Todo ello, revela una posición gubernamental vergonzosa con la presencia del jefe del Estado en Cataluña, que independientemente de que sea satisfactoria para sus socios de gobierno (Podemos) y también para sus apoyos parlamentarios (ERC), puede interpretarse como debilidad ante el secesionismo catalán, que no está de más recordar que no supone la mitad de los ciudadanos que residen en esa comunidad.

Este hecho unido a la tramitación de los expedientes de indultos a los condenados por el proceso soberanista puede facilitar la gobernabilidad del ejecutivo, atrayendo de nuevo el apoyo de ERC, pero difícilmente puede ser entendido como una estrategia coherente ante el secesionismo.  

Dictamen científico

La revista The Lancet, que difunde contenidos científicos, ha puesto el dedo en la llaga, reabriendo el crucial asunto de determinar las responsabilidades por la gestión de la pandemia, algo que oportunamente en un principio fue aplazado a la espera de la prevista normalidad, pero que conviene ya afrontarla ante el hecho de que nos encontramos ante un escenario de nueva oleada de contagios, que además puede no ser la última, por lo que adelantaremos algo si somos capaces de tasarlas, evitando volver a equivocarnos.

The Lancet señala a España y critica el hecho de haber levantado apresuradamente las restricciones al final de la primera ola, lo que nos ha llevado al resurgimiento de la epidemia y, algo no menos importante, a poner en peligro la recuperación económica, como está ocurriendo ahora mismo en nuestro país.

Y todos estos hechos contrastados científicamente tienen unos responsables:  el PP y Vox clamaron contra el fin del Estado de alarma en nombre del sacrosanto principio liberal de la libertad individual. Los nacionalistas vascos y catalanes se indignaron contra lo mismo en aras  de la autonomía de sus territorios. Necesitados de sus votos parlamentarios, el PSOE y su socio Podemos abdicaron de las responsabilidades del gobierno con la pandemia en cuanto acabó dicho confinamiento, a la par que muchos de los ejecutivos autonómicos, especialmente el de Madrid, no implementaban a un nivel de suficiencia las medidas necesarias (potenciación de la asistencia primaria e incremento del número de rastreadores) que los científicos habían dictaminado, como también recuerda The Lancet. 

Todo ello en nombre de la ideología, que una vez más en nuestra época contemporánea, se ha mostrado letal, arrinconando los criterios científicos. El fatal resultado lo tenemos ya antes nuestros ojos. 

División de poderes

El Parlamento de Cataluña ha considerado en una resolución apoyada por la mayoría independentista que la destitución de Quim Torra solo la puede decidir el propio órgano legislativo y no el poder judicial. Tamaña proposición solo la pueden compartir aquellos que no creen en el Estado de Derecho y que confían demagógicamente en subvertir la democracia.

En un Estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Tampoco el presidente de la Generalitat. Y ningún órgano legislativo es plenamente soberano, ni tiene en consecuencia competencias para saltarse la ley, porque existe la división de poderes, desde que en el siglo XVIII Montesquieu la conceptualizó, permitiendo que poco después la Revolución francesa pusiese las bases de la democracia, acabando con los privilegios y dando paso a la Edad Contemporánea.

Son los demagogos los que pretenden subvertir la democracia mediante los votos, ya sea en los órganos parlamentarios o mediante ese instrumento tan querido por ellos como son los referendos, con el objetivo de estar por encima de la ley, como lo estaban los poderosos del Antiguo Régimen.

Por una Unión Europea de la Salud

Los medios de comunicación españoles apenas han recogido una parte a mi juicio sustancial del discurso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea ante el parlamento de la UE. La parte omitida hace referencia al llamamiento por la construcción de una sanidad europea, lo que ya se denomina Unión Europea de la Salud, extremo que con su solo enunciado debería interesarnos a todos, máxime con la pandemia que padecemos.

Los fracasos ante la epidemia del Covid-19 nos están enseñado las limitaciones de los Estados-nación. Es verdad, que en unos países más que en otros, pero las estrategias nacionales han sido en general un fiasco, como comprobamos según pasan los días, debido, en cualquier caso, a algo obvio: el virus no reconoce y mucho menos respeta esa articulación tan artificial, creada por el ser humano, que es la frontera.

Ante una epidemia mundial, las soluciones deben tender a ser de la misma escala, con lo que cuanto más descendamos en la parcelación, menos posibilidades de éxito tendremos. Por esa razón, la propuesta europea será siempre más sensata que la de cada Estado miembro pueda ofrecer. Lo hemos visto este verano con el cierre de fronteras y las medidas cuando menos arbitrarias e improvisadas que muchos países han tomado. Todo ello evidencia la ineptitud de los Estados-nación ante la realidad que nos ha mostrado, con toda su crudeza, el coronavirus.

Soy consciente que tal aseveración plantea en España, una cuestión no baladí, al ser un Estado constitucionalmente descentralizado, en el que las competencias sanitarias residen fundamentalmente en las comunidades autónomas, lo que evidentemente dificulta su resolución. También, la superación de la pandemia, como estamos comprobando día tras día.

En los últimos cuarenta años, hemos visto la reducción progresiva de las competencias nacionales en dos sentidos, hacia el exterior, la Unión Europea, e interior, hacia las comunidades autónomas. Tal evolución, enormemente positiva en muchos aspectos,  no necesariamente debe ser unidireccional. Tal vez, la dura experiencia actual, nos obligue a pensar que  no solo los estados-nación, sino también las comunidades autónomas, deben confluir en Europa. 

De hecho, la sanidad pública fue implementada en España  tan tarde como en el último tercio del ochocientos, con poco retraso con respecto a otros países europeos, quedando en manos municipales, hasta que progresivamente la asumió la administración estatal. La Constitución de 1978 supuso un cambio de orientación, descentralizándola en las comunidades autónomas. El principio de que lo más cercano es más útil se impuso entonces, lo cual no debe llevarnos a invalidarlo plenamente. La asistencia primaria y probablemente gran parte de la red hospitalaria deben quedar en manos de las administraciones más locales, pero el Estado debe disponer de mecanismos  de coordinación sin tener que recurrir a estados de alarma. Pero, aún así, no sería suficiente para hacer frente a pandemias como la que vivimos. Necesitamos una industria sanitaria más robusta, capaz de garantizar la producción de una serie de instrumentos, desde respiradores hasta mascarillas, pasando por vacunas, para abastecer rápidamente a la población. También deberíamos contar con redes hospitalarios trasnacionales y todo tipo de refuerzos sanitarios públicos. Y, por supuesto, instituciones que puedan tomar decisiones que no se vean limitadas por fronteras y egoísmos nacionales. Necesitamos, en suma, más Europa. Ese es el nuevo camino, que nos enseña el virus.

Fascismo

Las dos menores detenidas en Madrid por amedrentar a una pareja de personas de origen sudamericano han quedado en libertad a la espera de lo que decida la Justicia sobre ellas. Conviene recordar los hechos: tres menores que viajaban en el metro de Madrid coincidieron en el vagón con un hombre y una mujer, que ante la actitud hostil y vejatoria de al menos dos de ellas, mantuvieron en todo momento una conducta ejemplar demostrando la superioridad moral y una educación que ya quisieran sus asaltantes.

Esos hechos ocurrieron hace ya una semana y seguimos desconociendo los detalles de las dos personas agresoras: no sus nombres, que no interesan, pero sí al menos su perfil social y el nivel de estudios. Ya se que son menores y que por eso se encuentran en libertad, pero la opinión pública debería conocer como el monstruo del fascismo anida en la sociedad. Sobre todo para combatirlo, porque no nos engañemos, lo vivido en la línea de Metro madrileña es puro fascismo.

Populismo y Estado de Derecho

La enésima crisis provocada por Boris Johnson, en este último caso con la Unión Europea, pero también con la propia Administración británica y con su partido, a causa del anuncio de incumplimiento de lo acordado entre Londres y Bruselas sobre Irlanda del Norte, nos muestra varios aspectos para el análisis.

Primero, la crisis en el seno de la Administración británica se ha saldado con la dimisión del jefe del departamento que asesora en la legalidad al gobierno, el sexto alto cargo que cesa en sus funciones desde que Johnson se encuentra al frente del ejecutivo. Tal hecho evidencia la fortaleza del Estado de Derecho en el Reino Unido, donde un funcionario puede dar un portazo, saliendo del despacho de un primer ministro, porque este último se empeña en cometer una ilegalidad, consistente en que lo acordado por Johnson con la Unión Europea, referente al mantenimiento de Irlanda del Norte en el seno del mercado común europeo y consiguientemente fuera del mercado interior británico.

Segundo, quien pretende transitar por una ilegalidad que repercutirá negativamente en la reputación internacional del Reino Unido es un primer ministro elegido democráticamente. Con una amplía mayoría parlamentaria, para ser más precisos. Si hipotéticamente, el populista Johnson convocara un referéndum para reforzar su postura ilegal, me temo que lo ganaría. Es decir, sería muy probable que la mayoría de los británicos respaldasen su decisión, en la medida en que es fácil convencer con un discurso nacionalista que incida en un unificado mercado nacional, extremo que marcó su antecesora, Theresa May, como una línea roja  que Johnson franqueó nada más alcanzar el poder y del que ahora se arrepiente.

Ambos aspectos nos deberían ayudar a valorar el Estado de Derecho, porque es el único que nos defiende del populismo.

Patria

Los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que han salido a la luz pública en el caso del espionaje al antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas, evidencian, más allá de dejar en muy mal lugar al expresidente Rajoy, al exministro Fernández Díaz y a la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal, la utilización espuria de los instrumentos gubernamentales por parte de un partido político, en este caso el PP.

Pese a que todavía nos encontramos en un nivel indiciario, a falta de concretarse en pruebas, lo investigado judicialmente apunta al uso indebido de los servicios estatales, en este caso de la Policía Nacional, para servir al PP.  Tal utilización partidista de las estructuras estatales, uno de los males históricos de nuestro país, implica una concepción usurpadora del propio Estado, apropiación reiterada de una derecha que suele enmascarar su actuación con una palabra con la que se le llena la boca: Patria.

Madrid

La preocupación por los datos de contagio por Covid-19 en la Comunidad de Madrid no es baladí. Cerca de 15.000 nuevos positivos han sido detectados en la última semana, casi un tercio de los registrados en toda España. Además, de los cerca de 7.000 enfermos hoy en día están hospitalizados en todo el país, un 30% está en Madrid. Ello ha supuesto que la Comunidad registre ya una tasa de ocupación hospitalaria por el coronavirus del 15% de su capacidad total.

Son datos, que sin alcanzar la situación crítica vivida en la pasada primavera, reflejan una tendencia muy negativa, que es preciso corregir con urgencia, salvo que queramos volver a un escenario de saturación de los centros hospitalarios, extremo que llevó entonces al gobierno de la nación a decretar el Estado de alarma. Medida que, no seamos ingenuos, se tomó, no tanto por los muertos, como por la imagen terrorífica de un sistema sanitario desbordado.

No debemos entrar ahora en dirimir la responsabilidad de las diferentes administraciones, nacional o autonómica, ni siquiera en enjuiciar la falta de lealtad necesaria entre ellas. Ya habrá tiempo para ello. Ahora, tan solo cabe lamentar que en el escaso tiempo en el que la pandemia nos dio una tregua, en la Comunidad de Madrid no se reforzó la asistencia primaria del sistema sanitario ni se puso en marcha una legión de rastreadores capaz de minimizar los contagios. Y el gobierno de la comunidad autónoma no lo hizo por sus anteojeras ideológicas, que le impiden comprender la necesidad de una robusta Sanidad Pública, más si cabe aún en situaciones de crisis epidémicas.

Y ese es el problema, muy reiterado en la historia de la humanidad, cuando unas autoridades iluminadas no son capaces de ver la realidad.

Fuera del foco electoral

Los analistas de la opinión pública norteamericana empiezan a alertar de que la pandemia del Covid-19 está saliendo del foco electoral y algunos incluso advierten de que tal hecho abona el camino de Donald Trump para la reelección.

De hecho, la convención republicana confirmatoria de la candidatura de Trump a la reelección se centró en el mensaje de que este garantiza el orden ante la oleada de protestas antiracistas que sacude los Estados Unidos desde que en mayo pasado George Floyd muriera asfixiado por un policía.

El candidato conservador ha conseguido colocar la preservación del orden como la primera preocupación para muchos electores, que ven aterrados las imágenes de saqueos e incendios que viven algunas ciudades norteamericanas. Ese es el logro de los asesores de imagen de Trump, sobre el que apenas ya oímos meteduras de pata sobre la epidemia. Y de esa manera, creen que pueden dar la vuelta a las encuestas electorales y conseguir que el menos preparado de los presidentes de Estados Unidos del último siglo continúe otros cuatro años en la Casa Blanca.

Facilita tal extremo, la opinión extendida entre la izquierda, no solo norteamericana, de que el antiracismo es una poderosa arma de debate. Eso sería así, en sociedades que mantienen vivo el recuerdo de las catástrofes que conlleva el racismo, caso de la europea de la segunda mitad del siglo XX tras el horror del nazismo. Pero, dudo, que ese recuerdo sea ya efectivamente preventivo no solo entre los europeos de hoy en día (véase, el incremento de formaciones nacionalistas o directamente racistas que sufre el viejo continente), sino fundamentalmente entre el cuerpo electoral que analizamos, el de los Estados Unidos de América, donde tal vacuna fue menos generalizada, máxime siendo un estado-nación construido identitariamente sobre la esclavitud de los negros. 

En suma, los demócratas de Biden deberían poner el foco de atención en una pandemia que dejaba claro hasta a algunos de los propios seguidores de Trump la incompetencia de su candidato.

Ideología letal

La Comunidad de Madrid se ha convertido ya en la gran preocupación a nivel nacional por el incremento de contagios de Covid-19. En los últimos días, las cifras de nuevos casos diagnosticados crecen exponencialmente, planteándose dudas razonables sobre si la sanidad de la región podrá hacer frente a la nueva oleada de enfermos que se vislumbra. 

Indudablemente, el gobierno de la  Comunidad de Madrid no ha sido capaz de mantener una tasa de contagios aceptable en la nueva normalidad, cuando, a diferencia del período de los estados de alarma, es él el competente para hacer frente a la pandemia. Las autoridades madrileñas han sido incapaces de implementar los dos instrumentos que todos los expertos científicos consideran esenciales para reducir los contagios: el reforzamiento de la asistencia primaria y la creación de equipos de rastreadores. En el caso de los rastreadores, es vergonzoso que Madrid cuente con solo 400 de ellos, cuando tienen que vigilar una población de unos seis millones setecientas mil personas. Y, para mayor inri, la consejería de Sanidad decide ampliar en una veintena su número, acudiendo a la externalización de servicios.

Todo ello, evidencia una vez más la ceguera que provoca la ideología. En este caso, la ultraliberal de un gobierno incapaz de entender que debe ser la Sanidad Pública y la fortaleza que debe tener. Pero, el resultado en esta ocasión puede ser trágico y ocupar un relevante puesto en la ignominia de la criminalidad ideológica. 

Y ello en una comunidad que. junto a la catalana, otra con índices de contagio preocupantes y otra sumamente afectada por la ideologización de sus dirigentes independentistas, fue de lo más desleal al gobierno de la nación en la gestión inicial de la crisis del coronavirus, Todo ello, nos debería ayudar a reflexionar sobre la capacidad letal que conllevan las ideologías. Todas.

Otro Borbón, otro exilio

La decisión del rey emérito de abandonar España y marchar fuera era esperada y también es acertada. Juan Carlos I, el monarca que contribuyó decisivamente a la vuelta de la democracia en nuestro país, tenía pocas más opciones, después de conocerse detalles inquietantes de sus operaciones financieras. La Historia le juzgará y tendrá que descender a unos claroscuros que quien fue el rey de nuestro país en las mejores cuatro décadas de los dos últimos siglos podría haberse evitado. Y, no solo podría, sino que debería haber obviado.

Dicho esto conviene contextualizar y recordar que la Monarquía española desde la llegada de la Edad Contemporánea se ha visto regularmente sacudida por los exilios de sus protagonistas. Carlos IV abandonó España en 1808, convertido en un juguete de Napoleón Bonaparte, viviendo con una pensión sus últimos años en Roma y Nápoles. Su hijo, Fernando VII, otro pelele en manos del heredero de la Revolución francesa, pasó seis años en el castillo de Valençay, en las riberas del Loira, pudiendo regresar en 1812 a una España ya muy distinta de la que había abandonado, donde se había proclamado la soberanía nacional, contra la que se revolvió durante todo su reinado.

Su hija, Isabel II, aceptó finalmente el Estado liberal, pero su escasa preparación y su conducta amoral la arrojaron al exilio francés en 1868.  A consecuencia de ello, su heredero, Alfonso XII, vivió también en el país vecino y luego inició un peregrinaje por Suiza, Austria e Inglaterra, hasta que en 1874 pudo regresar a España, poniendo fin a las guerras carlistas y convirtiéndose en el monarca de la Restauración. Bajo su reinado, España tuvo la Constitución más longeva de su historia, que con el tiempo permitió el sufragio universal masculino.

Su hijo póstumo, Alfonso XIII dilapidó poco a poco el legado del Pacificador, llegando a instaurar una dictadura, tras cuyo fracaso abandonó España, residiendo en Roma.  Su nieto, Juan Carlos, vivió sus primeros años en Portugal y luego estudió en España bajo la atenta  vigilancia del segundo dictador del siglo XX. A la muerte de Franco, rompió con la herencia de aquel régimen, facilitando el cambio democrático y los mejores años de bienestar que se recuerdan en este país. Ahora, Juan Carlos I  abandona España.

Su hijo, Felipe VI no se ha visto obligado a abandonar nunca su país y ha sido preparado como ninguno de sus antecesores.  Su reinado será juzgado por el bienestar de sus conciudadanos.

Algo se mueve en Gibraltar

Las autoridades de Gibraltar han llegado a la conclusión de que el futuro del peñón no puede estar muy alejado de la Unión Europea, por lo que han enviado claras señales a sus interlocutores españoles a favor de algún tipo de unidad aduanera con la UE y un libre tránsito al modo de libre circulación existente entre los Estados europeos de Schengen.

Todo ello es más que razonable, aunque solo sea atendiendo a la geografía del enclave británico en Europa. Y los males entrevistos  del Peñón tienen un solo culpable: el nefasto referéndum del brexit, instrumento malhadado para la unidad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que, como suele ser usual en todos los plebiscitos, ganó un nacionalismo, en este caso el inglés, y perdieron muchos ciudadanos británicos, entre ellos infinidad de escoceses, irlandeses y también gibraltareños.

El gobierno de ese adalid del nacionalismo inglés, el populista Boris Jonson, tuvo que transigir que Irlanda del Norte disponga de unas aduanas propias, en aras del mantenimiento del plan de paz con la República sureña y por propio interés comercial de sus habitantes. Ahora, empieza el turno para Gibraltar, cuya entrevista de su ministro principal, Fabian Picardo, con la ministra de exteriores española, Arancha González Laya, ha levantado el recelo en un Johnson que puso en cuarentena a todos los que viajen desde España, actuando una vez más como todo el populista y, por tanto, nacionalista, que es.

La opinión internacional

La gravedad de los rebrotes de coronavirus en nuestro país, que nuestras autoridades relativizan, ha sido puesta en evidencia por los principales países de nuestro entorno, más allá de que estos se muevan por intereses propios y que sus gobernantes tengan que tomar decisiones dejándose llevar por sus respectivas opiniones públicas. Es el caso del Reino Unido de Boris Johnson, un político que toma decisiones, contradictorias muchas veces, según sople el viento entre sus votantes. Pero también, ocurre en Estados donde el populismo aún no ha inundado su gobernanza. Francia ha aconsejado a sus connacionales no viajar a Cataluña por la situación allí de la epidemia, mientras que Alemania -cuya mandataria, Angela Merkel ha demostrado la solidaridad con España por la crisis económica derivada de la pandemia- acaba de extender la recomendación también a Aragón y Navarra.

España presenta graves problemas de rebrotes en al menos esas tres comunidades, que a juicio de mandatarios europeos responsables -caso de Macron y Merkel- obligan a cerrar el flujo transfronterizo. Y sin contar con la situación de otras comunidades, como Madrid, a cuyos gobernantes les cuesta poner en práctica las dos recomendaciones básicas de las autoridades sanitarias por anteojeras ideológicas: aumentar el número de rastreadores de contagios y potenciar la red primaria de asistencia pública.

En muchas de estas comunidades ha quedado en evidencia la quiebra del argumento de que los problemas se enfrentan mejor con la cercanía de los gobernantes, uno de los principios invocados hace cuarenta años para la necesaria descentralización del poder en España, lo que tampoco nos debe llevar a un debate recentralizador, salvo en cuestiones globales, como el cambio climático o propiamente las epidemias, como es el caso.

Por ello, se echa en falta una actuación más decidida del gobierno de España en la fase actual de la pandemia. Tras el fin del Estado de alarma, el gobierno Sánchez parece haberse desatendido de la crisis sanitaria, delegando en las comunidades, y centrarse en la recuperación económica, aspecto que evidentemente es crucial, pero que no debe impedir olvidar la perspectiva de la salud pública, donde sería necesaria una intervención mayor del ejecutivo. Así, al menos nos lo piden desde fuera.

Freno de emergencia

Una de los puntos acordados en la histórica -sin exageración- cumbre desarrollada por la Unión Europea estos días en Bruselas es la implementación de un denominado freno de emergencia a la hora de transferir los fondos acordados para la recuperación económica, según la cual un Estado puede activarlo si entiende que el país beneficiado no cumple con las directrices europeas para salir de la crisis que vivimos. 

Tal instrumento tiene más de propaganda que de utilidad y está destinado al consumo interno de los países que en esta cumbre han sido tildados de frugales, especialmente de Holanda el Estado que se ha erigido en estos días en el campeón de la ortodoxia económica. Eso es así, porque tal freno de emergencia solo es posible utilizarlo transitoriamente -tres meses- y no de una manera definitiva, siempre que no cuente con el apoyo mayoritario de Estados que representen el 55% de la unión y que dispongan del 65% de la población europea.

Se impide así que uno solo de esos Estados, Austria, o acompañado del resto de los frugales -Suecia, Austria y Dinamarca- pueda vetar indefinidamente una transferencia de fondos a España o Italia. Necesitará el respaldo de una mayoría cualificada.

Y eso es así, porque la concepción de la Unión Europea es federal, no confederal. Es decir, la UE es una asociación de naciones que aspiran a una unión federal futura, alejada de instrumentos como el veto, propio de concepciones confederales, donde las partes originarias se reservan su capacidad esencial distintiva. Tales términos, seguro, que son entendidos en un país como el nuestro, tan mediatizado por el debate territorial, donde los nacionalismos abogan por la confederación y el unionismo por la federación.

Estos días en Bruselas ha triunfado, pues, la federación europea, aunque tampoco ha estado de más el toque de atención que nos han dado los frugales y su anecdótico freno de emergencia. Porque a la hora de repartir dinero entre los europeos, es razonable que los países más ricos levanten la voz cuando los más pobres prometen a sus ciudadanos medidas que no han implementado en sus propios países por prudencia económica. Es sin duda, un tirón de orejas a quienes tienen la tentación de basar su política en el populismo, hecho que nos debería llamar a la reflexión.

La epidemia en Cataluña

La situación de la epidemia en Cataluña es preocupante. Hemos pasado en unas pocas semanas de una situación controlada a otra en la que los contagios aumentan sin cesar y la respuesta de las autoridades sanitarias no acierta en las soluciones. Que están son difíciles no es ninguna novedad. Desde la llegada del Covid-19 hemos aprendido lo difícil que es actuar contra el virus, pero es necesario implementar una estrategia de defensa de la población.

El argumento de que la respuesta será mejor si la deciden las autoridades más cercanas no siempre se traduce en acierto, pese a que haya sido sostenido desde posiciones ideológicas como la nacionalista. Recuerden frases del tipo de en una Cataluña independiente habría habido menos muertes, que hoy no solo deberían sonrojar a quienes las mantuvieron,  sino llevarles a una autocrítica sincera y efectiva.

En la resolución del reto de la pandemia del coronavirus las soluciones deben ser cuanto más globales mejor, porque el virus se ha propagado por todo el planeta. La Generalitat de Cataluña pretendió mostrar una comparación entre la gestión hecha por el gobierno a través del Estado de alarma y la que ha desarrollado en uso de sus plenas competencias favorable a sus presupuestos ideológicos, pero los hechos están dando la vuelta a tal presunción.

La atención del sistema sanitario primario y el énfasis en la constitución de equipos potentes de rastreadores son herramientas imprescindibles en la lucha contra la epidemia que la Generalitat de Cataluña no ha sabido gestionar adecuadamente, llevándonos a una situación de desbordamiento que debería ser corregida. Por ello, tampoco se entiende, que el gobierno de España se mantenga alejado de lo que está pasando. Es su responsabilidad actuar, preferiblemente con el consenso de las autoridades sanitarias catalanas, pero también sin él. Estamos en un momento en el que, como pasó al inicio de la crisis, las ideologías deben dejar paso a la gestión racional y científica. Por el bien de todos.

Cinco titulares para dos elecciones

Las elecciones en Galicia y Euskadi nos dejan varios titulares:

1. La victoria arrolladora de los candidatos moderados y menos conflictivos con el gobierno central durante la crisis del coronavirus. Feijoo y Urkullu han rentabilizado en las urnas un saber hacer, lejano a la crispación, aplicando en sus respectivos territorios una gobernanza escasamente ideologizada y atendiendo a las soluciones técnicas. Muchos gallegos y vascos se lo han agradecido.
2. La cuarta mayoría absoluta del candidato del PP en Galicia y la holgura de la misma, convierten a Feijoo en un referente de centrismo político, alejado de la orientación del mismo partido a nivel nacional. Tal hecho cuestiona a Pablo Casado, quien ha pretendido poner coto a la vía de agua provocada por Vox con una búsqueda de regreso a las esencias de la derecha. El desastre de su candidato en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, a quien impuso sobre el pragmático Alfonso Alonso, corrobora el fracaso del planteamiento de Casado, que se ha saldado en Euskadi con la confirmación de la pérdida de Alava y su entrega al nacionalismo del PNV. Si, hace una quincena de años, alguien hubiera vaticinado que el PP apenas sería relevante en la provincia vasca meridional, nadie le habría hecho caso. Hoy en día, es la cuarta fuerza política provincial, cuando fue la primera tras heredar la hegemonía de la UCD de la Transición democrática. Y encima, Vox logra allí su único escaño.
3. El incremento del voto del nacionalismo vasco, especialmente el de EH Bildu, los herederos de Batasuna, corrobora su atractivo entre las nuevas generaciones de vascos. Y a la vez el fracaso de las formaciones que sufrieron la violencia etarra de convencer en el debate moral a los nuevos votantes. Entre los vascos más jóvenes, el recuerdo de ETA no es una losa que perjudique a la formación que reclama su legado ideológico. En este sentido, la victoria de la democracia sobre ETA no ha disfrutado del corolario consecuente en la mentalidad de las nuevas generaciones.
4. El nacionalismo se recupera también en Galicia, desplazando el BNG a los socialistas como la oposición al PP. Reaparece así un viejo actor político, que ya tuvo mucho predicamento en la década de los noventa con un duro discurso social e identitario.
5. Los comicios de ayer, tanto en Galicia como en Euskadi, corroboran además que elección tras elección Podemos avanza hacia la irrelevancia. Nueve años después del 15-M, cabe preguntarse ¿qué queda de aquello? Poco, salvo su reacción: Vox.

Revés para España, pero también para Europa

La elección del irlandés Paschal Donohoe sobre la española Nadia Calviño es un revés para el gobierno de Pedro Sánchez y por tanto para España, pero también es una mala noticia para Europa o, al menos, para los que entendemos que la solución para gran parte de nuestros problemas, pasa por más Europa.

Me explico. Hay dos razones que explican por qué la elección de Donohoe como presidente del Eurogrupo en detrimento de Calviño es una mala decisión, y una tercera que debería servirnos de autocrítica en España. La primera incide en que es una victoria de los estados pequeños frente a los grandes de la Unión Europea, hasta el punto que los ciudadanos del 20% del PIB europeo se hayan impuesto sobre los que constituimos el 80%. Es, pues, un triunfo de las particularidades, frente a lo general en el seno de Europa; algo muy típico de nuestros tiempos, donde prevalecen los intereses peculiares y singulares, en vez de los comunes. El temor de los pequeños países a los grandes constructores de Europa, lease Alemania y Francia, no puede ser una buena noticia para los que ansiamos una más decidida unión europea.

En segundo lugar, ha sido una derrota en una batalla en la que los postulados más liberales se verán reforzados frente a los socialdemócratas en un organismo clave, el que reúne a los ministros económicos que comparten el euro,  y que será esencial en la recuperación económica a la que nos abocamos tras la pandemia que hemos sufrido. Los europeos más débiles sufrirán en primera persona tal elección.

Y en tercer lugar, evidencia una desconfianza de diez de los 19 países que comparten la moneda única a un gobierno, el español, donde se sienta una formación política populista, que, queramos o no, no suscita la confianza de la mayoría de nuestros socios europeos. Es en este tercer punto en el que la autocrítica debería darse entre los ciudadanos españoles, lo cual no quiere decir que deba llevar a un cambio de voto en las próximas elecciones, pero sí a un debate racional de qué queremos ser.

Rebrotes

De todos los rebrotes de covid-19, ahora mismo el que más preocupa es el de la comarca del Segre, más que por el número de contagios, que también, por los escasos recursos técnicos y humanos en la red de rastreadores necesarios para evitar la propagación de la epidemia. 

No deja de ser curioso que tal actuación sea competencia de una comunidad autónoma, la catalana, que junto a la madrileña, destacó por su sistemática oposición a la actuación del gobierno de la nación durante el Estado de Alarma. En ambos casos, la raíz de tal hecho radicó en presupuestos ideológicos, independentistas en uno y ultraliberales en otro.

Y también es llamativo que en ambas comunidades, asistiéramos en los años de la gran recesión económica a políticas de brutales recortes de lo público, en concreto de la Sanidad, llevando a esta última a una situación de debilidad tal, que cuando empezó la pandemia dejó a sus ciudadanos tirados a los pies de la calamidad. En Madrid, los gobiernos de Ignacio González, y en Cataluña de Artur Mas, ejecutaron sin contemplaciones aquellos recortes. El primero, encarcelado, y el segundo, inhabilitado, fueron, pues, los máximos responsables de que cuando llegó la pandemia, ni Madrid, ni Cataluña, estuvieran preparadas para afrontar la debacle que vino. Sus sucesores en el poder, Díaz Ayuso y Torra, se limitaron a criticar al gobierno de Sánchez, cuando el problema lo tenían ellos mismos. 

Plus de independencia

El Tribunal Constitucional celebra sus cuarenta años de existencia, durante los cuales ha desarrollado con profesionalidad jurídica su difícil labor de interpretación constitucional, en un organismo que carecía de antecedentes en nuestro país, salvo el breve Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República.

En estos años ha afrontado complicadas resoluciones, que todos conocemos, como el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, que más que poner a prueba a sus magistrados, deslució la labor previa que hicieron los políticos.

Tal hecho incide además en otro de los problemas que arrastran todos estos organismos en el mundo que nos rodea, ¿el de quién elige a sus miembros? En España, los doce magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, lo que nos lleva al problema de origen: la larga sombra política, que puede poner en tela de juicio sus resoluciones.

En Estados Unidos, donde no existe Tribunal Constitucional, pero si Supremo con las competencias del primero además de las propias de ser la más alta institución judicial del país americano, sus integrantes son elegidos por el presidente de los Estados Unidos, lo que obviamente nos sitúa en el mismo problema. Sin embargo, presenta una notable diferencia: el magistrado es elegido para el resto de su vida; es decir, su cargo es vitalicio y no es sustituido al cabo de los años, nueve en España. 

Tal sutil diferencia otorga a los magistrados un plus de independencia, que disipa más la niebla que atenaza todos los organismos elegidos directa o indirectamente desde la política.

Motivar la reflexión

Vladimir Putin ha logrado el respaldo popular para perpetuarse en el poder hasta previsiblemente 2036. Para ello, ha utilizado el medio habitual al que recurren los autócratas: el referéndum, instrumento que les permite disfrutar de una relación directa con el pueblo, sin controles intermedios, que son precisamente los propios de los Estados de Derecho y que confieren de auténtica legitimidad a la democracia.

Pese a que es habitual, no deja de ser paradójico que tal instrumento sea el preferido por todos aquellos que desdeñan la democracia representativa, ya sean dictadores o entusiastas del empoderamiento popular mediante la denominada democracia directa. Lo que debería motivar la reflexión.

El fin del siglo americano

El siglo XX es conocido con razón como el siglo americano, en concreto de los Estados Unidos, que más allá de ser la potencia hegemónica, cuyo paroxismo llevó en la última década al triunfo sin paliativos sobre la opción rival comunista, supuso la exportación de un modo de vida que se extendió por todo el planeta, presentando tal sistema cultural como la manifestación más lograda de la evolución humana, ejemplo del espejo en el que mirarnos.

Dos décadas después de iniciado el siglo XXI, tal imagen ha quedado rota. Tensiones raciales, derivadas de una construcción nacional excluyente de la numerosa minoría negra llegada en condiciones de esclavitud, flagrantes desigualdades sociales derivadas de una ideología ultraliberal que pone en entredicho la democracia, acercándolo a los que denominamos Estado fallido, al mostrar sus limitaciones ante una epidemia como la que padecemos en el mundo, son algunos de los síntomas del fin de toda una época. También, el hecho, tal vez más anecdótico, pero no por ello menos preocupante, de la incapacidad para elegir a los mejores a la hora de dirigir el país, como evidencia la llegada al poder de Trump, algo que siempre se repite cuando los imperios inician su decadencia.

Desprecio a la democracia

Esquerra Republicana de Catalunya y las CUP se ausentaron de la votación del suplicatorio para poder juzgar a la diputada nacionalista catalana Laura Borràs por malversación y otros delitos de los que se le acusa. Las dos fuerzas izquierdistas e independentistas catalanas tenían otras opciones: votar a favor, al entender que existen indicios de que la portavoz de Junts per Catalunya los cometió; en contra, al considerar que lo hizo motivada por su representación política, o incluso abstenerse, al colegir que existen otros condicionantes que interfieren en el caso, como por ejemplo el proceso soberanista.

Pero, no. ERC y las CUP se ausentaron de la votación en el Congreso, evidenciando su desprecio a la democracia, el mismo que mantienen desde que empezó el proceso independentista que, pese a sus persistentes intentos, no logra alcanzar el respaldo de la mayoría de los catalanes.  Eso es, el desprecio de la democracia.