La enésima crisis provocada por Boris Johnson, en este último caso con la Unión Europea, pero también con la propia Administración británica y con su partido, a causa del anuncio de incumplimiento de lo acordado entre Londres y Bruselas sobre Irlanda del Norte, nos muestra varios aspectos para el análisis.
Primero, la crisis en el seno de la Administración británica se ha saldado con la dimisión del jefe del departamento que asesora en la legalidad al gobierno, el sexto alto cargo que cesa en sus funciones desde que Johnson se encuentra al frente del ejecutivo. Tal hecho evidencia la fortaleza del Estado de Derecho en el Reino Unido, donde un funcionario puede dar un portazo, saliendo del despacho de un primer ministro, porque este último se empeña en cometer una ilegalidad, consistente en que lo acordado por Johnson con la Unión Europea, referente al mantenimiento de Irlanda del Norte en el seno del mercado común europeo y consiguientemente fuera del mercado interior británico.
Segundo, quien pretende transitar por una ilegalidad que repercutirá negativamente en la reputación internacional del Reino Unido es un primer ministro elegido democráticamente. Con una amplía mayoría parlamentaria, para ser más precisos. Si hipotéticamente, el populista Johnson convocara un referéndum para reforzar su postura ilegal, me temo que lo ganaría. Es decir, sería muy probable que la mayoría de los británicos respaldasen su decisión, en la medida en que es fácil convencer con un discurso nacionalista que incida en un unificado mercado nacional, extremo que marcó su antecesora, Theresa May, como una línea roja que Johnson franqueó nada más alcanzar el poder y del que ahora se arrepiente.
Ambos aspectos nos deberían ayudar a valorar el Estado de Derecho, porque es el único que nos defiende del populismo.
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