El debate del Poder Judicial

La postura obstruccionista de un sector del Consejo General del Poder Judicial, identificado como conservador, a la hora de proceder a la renovación de dos miembros del Tribunal Constitucional no es razonable, como tampoco lo es la parálisis que sufren diversas salas del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de cumplir el mandato constitucional de elección de las altas magistraturas judiciales por parte del PSOE y del PP. La situación ha llegado a un punto de deterioro de nuestro propio Estado de Derecho, que está ya siendo denunciada por la Unión Europea y nos está aproximando a Hungría y Polonia donde la separación de poderes está seriamente en peligro. La urgencia en la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una de las recomendaciones que está haciéndonos la Comisión Europea, pero también lo es que a continuación las Cortes deben abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial.

Y aquí es donde el Gobierno Sánchez mantiene una posición numantina contraria a la modificación de lo hoy existente, tan criticable como la que mantiene el PP a la hora de aceptar que las mayorías parlamentarias existentes deben traducirse en un cambio en la correlación de fuerzas en el Poder Judicial hoy claramente favorable a los posicionamientos conservadores.

Nuestra Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que elige a su vez al presidente del Tribunal Supremo, dispondrá de 20 vocales, de los cuales ocho deben ser elegidos por el Congreso y el Senado (a razón de cuatro por Cámara) y los doce restantes se elegirán entre jueces y magistrados, sin precisar cómo y delegando el método a leyes orgánicas.

Aquí es donde se encuentra el problema. La legislación actual, variada desde la restauración democrática en nuestro país, convierte la elección de esos doce vocales en una decisión de las propias cámaras legislativas, seis de ellos por el Congreso y otros seis por el Senado. De tal manera que actualmente, los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento, escogiendo a doce de ellos entre jueces y magistrados y a ocho entre juristas, y todos ellos con el acuerdo de las 3/5 partes de la respectiva Cámara. El resultado es que el Poder Judicial es elegido por el Poder Legislativo, lo que en la práctica supone que sean los partidos políticos, esencialmente el PSOE y el PP, los que decidan finalmente. De ahí, la crítica de la Comisión Europea ya que supone una vulneración del equilibrio de poderes que el planteamiento liberal preconiza. El PSOE, en cambio, atendiendo al sistema democrático considera esencial que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean avalados por los representantes democráticamente elegidos. España, como el resto de países de la Unión Liberal, salvo ya tal vez Hungría, son Estados de Derecho donde se han conjugado ambos sistemas, definiéndose tal mezcla como demoliberal.

Estamos, pues, ante un problema que, una vez renovado el actual CGPJ, pese a la oposición del PP, debe mezclar ambos sistemas, proponiendo que, según nuestra Constitución, los doce vocales sean elegidos atendiendo a la lógica liberal, en contra del criterio del PSOE, y manteniendo que los otros ocho lo sean mediante la óptica democrática. Eso es lo que nos pide Europa, que entiende que el actual modelo impide el necesario contrapeso entre poderes, porque en la práctica convierte al CGPJ en un apéndice de los partidos políticos mayoritarios. Y deberíamos hacerla caso para poder seguir considerándonos un Estado de Derecho.