El principio de proximidad y buen gobierno

Es un argumento favorable a la descentralización del poder, y así fue invocado en nuestra Transición Democrática cuando España dejó de ser un Estado centralizado, que la resolución de los problemas se afrontaban con más garantías de éxito si se abordaban desde una óptica de proximidad; es decir, por los responsables locales, más que por las autoridades estatales, debido al mayor conocimiento que podían tener los primeros al tratarse de realidades más cercanas. 

No niego que tal máxima contenga en líneas generales indudables visos de certeza, pero no siempre es necesariamente así. El mejor ejemplo lo tenemos en el combate contra el Covid-19 y la desastrosa gestión de los gobiernos de dos comunidades autónomas que han demostrado trabajar en una misma línea de oposición frontal al ejecutivo estatal  con evidentes sesgos de deslealtad: Madrid y Cataluña.

Precisamente, ambas comunidades van a la zaga en la desescalada, sin duda que por haber sufrido una alta tasa de contagios desde el inicio de la pandemia, pero también por la deficiente gestión de sus dirigentes locales, que precisamente se les ha llenado la boca durante estas semanas insistiendo en que ellos lo hubieran hecho mejor si el Estado de alarma no les impidiese ejercer sus competencias sanitarias.

La realidad es que la Comunidad de Madrid no ha pasado hasta ahora a la fase 1 de la desescalada porque las autoridades locales no habían sido capaces de dotar a la asistencia primaria sanitaria de la fortaleza necesaria para poder atender a los enfermos de la epidemia y reclutar a los rastreadores necesarios para combatir futuros rebrotes. En este sentido, el Colegio de Médicos de Madrid ha expresado sus dudas sobre la capacidad del sistema sanitario madrileño ante un eventual rebrote, después de décadas de desmantelamiento de la sanidad pública llevada a cabo por unas autoridades imbuidas de una ideología liberal, que como todas conllevan unas anteojeras que son más gruesas cuanto más ideologizados se comportan sus impulsores.

En Cataluña, esas anteojeras obedecen a otra ideología, en este caso la nacionalista, que ha llevado a sus dirigentes locales a dar bandazos continuos sobre la necesidad de mayor rigor en el confinamiento y flexibilidad en las actividades económicas, sin contar con el afloramiento de 635 muertos y sin recordar el pésimo estado de las residencias de mayores, sector en el que la Generalitat disponía de competencias exclusivas.

En definitiva, Madrid y Cataluña muestran que el principio de proximidad y buen gobierno hace agua cuando una fuerte ideologización anula la capacidad de gestión.