Quiero creer que las decisiones tomadas sobre los territorios que han transitado a una fase superior de desescalada y los que no han progresado, se han debido a razones exclusivamente sanitarias, de carácter técnico, y no política, como el gobierno reitera en sus últimas comparecencias públicas.
No obstante, la mera sospecha de que no haya sido así, tiene indicios preocupantes. Por ejemplo, a que viene cambiar los criterios para decidir que lugares pasaban, como ha denunciado una Generalitat valenciana gobernada por socialistas. No se entiende que eso se haya producido y no ayuda a despejar las dudas.
Tampoco el hecho de que zonas de esa comunidad autónoma o de Andalucía, gobernada por el PP, se hayan quedado fuera de la progresión a la zona 1 de desescalada, mientras que otras como el País Vasco, en su totalidad, lo hayan logrado, siendo gobernadas por un PNV necesario por sus votos en el Congreso para mantener el Estado de alarma que necesita Pedro Sánchez para implementar la salida de la crisis provocada por el coronavirus.
Todo ello son meras sospechas que no deben nublar el juicio, máxime porque conviene desconfiar de lo que se denomina teorías conspirativas y menos aquellas que destacan comportamientos espurios a la democracia. Por eso, mantengamos la creencia de que todas las decisiones que está tomando el gobierno desde que decretó el Estado de alarma han sido motivadas por criterios meramente científicos, no políticos.
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