Pedro Sánchez ha conseguido tras cincuenta días de Estado de alarma suscitar una oposición parlamentaria que amenaza la existencia de su propio gobierno. De hecho, una parte relevante de las formaciones que le auparon a la Moncloa amenazan ya con no votar la prórroga que el ejecutivo considera necesaria para culminar la desescalada de la pandemia, como ha explicitado Esquerra Republicana y ha insinuado el PNV.
Todo ello pone al gobierno en manos del PP a la hora de conseguir la ansiada prórroga, lo que más allá de suponer un evidente cambio en la balanza de los respaldos parlamentarios, nos acercaría al modelo europeo en el que las grandes formaciones colaboran ante las grandes crisis. Eso, si el PP decide apoyar la prolongación del Estado de alarma, ya que hay dudas de ello, no solo porque uno de sus principales barones, Alberto Núñez Feijoo se haya pronunciado públicamente en contra. La sombra de Vox empequeñece más a Pablo Casado, que solo se convertirá en una creíble alternativa de poder cuando se libre de ella.
Veremos el resultado final, pero conviene constatar otro hecho, más allá de los cambios políticos analizados, aquel que incide en que alguien deberá decidir cuando los habitantes de cada una de las comunidades autónomas pueden mezclarse con las de los otras. Esa decisión solo la puede tomar el gobierno del Estado, en lo que será su última gran decisión sobre la pandemia.
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