El espectáculo dado por Alberto Rodríguez después de ser condenado por el Tribunal Supremo retrata uno de los problemas fundamentales que presenta Unidas Podemos, la incapacidad de la formación política para comprender el Estado de Derecho. Más allá de la estrategia errática del ya exdiputado, que en un primer momento había anunciado hasta una querella contra la presidenta del Congreso, el verdadero problema reside en el respaldo ofrecido por su formación, exigiendo la dimisión de Maritxell Batet.
El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes y en la existencia de tres diferentes, uno de ellos el Judicial. La presidenta del Congreso, que junto al Senado conforma otro de esos poderes, se ha limitado a cumplimentar el criterio del tribunal que condenó a Rodríguez. De hecho, rectificó su inicial posición contraria a retirarle el acta de diputado, una vez que el Tribunal Supremo expresó que la condena obligaba a ello.
Alimentar la desconfianza hacia el Poder Judicial ha sido un motivo doctrinal recurrente de la izquierda política que no comprende que sea independiente, invocando para ello a la democracia. De tal manera, que solo puede admitir la existencia de una administración judicial sometida al poder político, ya sea del ejecutivo o del legislativo. Y ese es el grave error, porque invalida la separación de poderes y por tanto destruye la democracia. Es lamentable que la nueva izquierda que representa Podemos incurra en ese planteamiento que evidencia la atracción por un poder fuerte capaz de desequilibrar los contrapesos institucionales, lo que es propio de regímenes revolucionarios donde no tienen cabida ni el Estado de Derecho, ni en consecuencia la democracia.
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