La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de decretar que el impuesto de actos jurídicos documentados repercuta a partir de ahora en la banca, es acertada. Otra cosa será como se las apañárán los bancos para terminar repercutiendo ese gasto entre sus clientes. Pero, tras el escándalo del Tribunal Supremo, no cabía otra opción, que la ocurrida: el gobierno democrático saliendo en defensa de los ciudadanos. Por ciento, no se entiende que Carlos Lesmes y Luis María Diíez-Picazo, responsables del Supremo y de su sala contencioso-administrativa, respectivamente, no hayan presentado ya su dimisión, después de haber sometido al alto tribunal a un descrédito desconocido hasta ahora.
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