La nueva elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a poner sobre el tapete el grave problema que aqueja a España, pero también a otros estados democráticos. Me refiero al relativo a la necesaria preservación de la independencia del Poder Judicial.
La cuestión se centra en resolver quién elige a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, de uno de los tres poderes de todo estado democrático. Si el legislativo es elegido mediante elecciones y el ejecutivo por el parlamento, gozando los dos de una indudable legitimidad democrático, ¿debe hacerlo también el tercer poder?
Es común al pensamiento progresista responder afirmativamente a ello, considerando que así los jueces estarán en mayor sintonía con la ciudadanía que, a través de las cámaras legislativas, los eligen. Sin embargo, tal sistema se traduce en la práctica en una colonización política de la Justicia, en la medida en que al final son los partidos políticos los que deciden la composición del CGPJ, como ha quedado evidenciado una vez más con el reparto de las vocalías del consejo y la elección de Manuel Marchena como presidente del mismo, sin guardar las mínimas formas.
Incide ello en uno de los males del Estado español: la influencia de las organizaciones partidistas en la estructura estatal, origen del clientelismo, que recuerda el secular caciquismo padecido. Por tanto, si pretendemos, más allá de la democracia, garantizar la independencia judicial, base del Estado de derecho, como estableció Montesquieu, necesitamos otro sistema de elección del Poder Judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario