Estrategia deslegitimadora

El gesto del gobierno hacia el independentismo, consistente en que la Abogacía del Estado no imputase rebelión a sus presos, no ha servido de nada. Los Presupuestos diseñados por el ejecutivo no tienen futuro, acortando el tiempo en el que Pedro Sánchez prorrogue su estancia en la Moncloa sin mediar elecciones. Los soberanistas consideran que los 25 años pedidos por la Fiscalía del Estado a Oriol Junqueras por rebelión, sedición y malversación, impiden que la mayoría actual del Congreso prosiga sus labores, haciendo aguas la estrategia del gabinete.

Más allá de ello,  quiero reflexionar sobre algo que vuelve a poner en evidencia la colonización partidista del Estado. No es admisible en un Estado de derecho, que dos instrumentos estatales difieran en sus conclusiones sobre algo tan trascendente como la calificación jurídica del proceso independentista. No es razonable que la Abogacía del Estado, siguiendo indicaciones del gobierno, cambie el criterio hasta ahora mantenido y reduzca la petición a doce años, al estimar que no existió la rebelión, mientras que la Fiscalía, actuando autónomamente del mismo ejecutivo, insista en imputar tal rebelión. 

No se quien tendrá razón, pero la rebelión no es baladí. Es un delito de una enorme gravedad como para que haya disparidad de criterios, máxime cuando desde diversos organos judiciales europeos se ha puesto en entredicho la posibilidad de que haya rebelión sin violencia. O existió tal delito, o no existió. Ya se que eso deberá dilucidarlo el Tribunal Supremo y que su fallo será escrutado por propios y extraños. Pero, no cabe que la Abogacía y la Fiscalía difieran en su calificación, más aún cuando la imputación provisional de la rebelión ha sido lo que ha mantenido en la cárcel preventivamente a Oriol Junqueras y a otros presos del procés, así como la búsqueda y captura de los huidos, entre ellos a Puigdemont. La propia actuación del Estado ha quedado, pues, en entredicho.

Cuestiones muy serias que afectan a la credibilidad del Estado español y que la estrategia del gobierno no ha ayudado a preservar. La gravedad de tal hecho no deja lugar a dudas, porque lo peor que puede ocurrir es que el proceso soberanista contamine al propio Estado, restando a este legitimidad; camino que, me temo, andamos ya. Por ello, sería bueno que los gobiernos mantuvieron sus manos alejadas, dejando el partidismo fuera del Estado. El mantra repetido por el gobierno de hacer política debe tener sus límites, aquel que deja al Estado aparte de los intereses gubernamentales, porque nos estamos cargando al propio Estado. A su legitimidad. Precisamente lo que quieren los independentistas.