Se lo llevo anunciando desde que el gobierno de Sánchez tomó sus primeras decisiones, que la exhumación de Franco se convertiría en un calvario para el gabinete. En una carrera de despropósitos, el ejecutivo ha conseguido en los últimos días que el Vaticano le desmienta. Ahora, pretende ampararse en la ley de la Memoria Histórica para intentar impedir que los restos del dictador sean enterrados en la Almudena.
Incluso, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dado su palabra de que el general no será inhumado en la catedral de Madrid, pese a que los Franco disponen allí de sepultura, extremo que el gobierno al parecer ignoraba. La falta de previsión gubernamental fue tal que tampoco se debió plantear esa posibilidad cuando decretó la exhumación del Valle de los Caídos, lo que no deja de sorprender, en la medida en que lo mínimo que se puede exigir a un gobierno es que sea reflexivo.
La número dos del gobierno viajó el fin de semana a Roma para implorar que la iglesia apoye al gobierno e impida el entierro en la Almudena. La misma iglesia que no puso problemas a la exhumación, pero que no moverá un dedo para evitar que la catedral de Madrid se convierta en un centro de peregrinación y de homenaje al franquismo. Gracias, eso sí, a la imprevisión del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
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