Lo vivido la semana pasada en el Tribunal Supremo es enormemente preocupante. Y lo es, porque, estamos acostumbrados a que ese tipo de situaciones lamentables sean protagonizadas por los gobiernos, ya sea el central o los autonómicos, o los parlamentos, nacional o regionales, donde la dinámica partidista alcanza su máxima dimensión, pero no en una institución en donde sus integrantes deben acceder a ella por méritos jurídicos.
Pero lo sucedido el jueves y viernes en el más alto tribunal de Justicia de este país es bochornoso. No solo por la mala imagen que proyecta del tribunal, rectificando una decisión popular, sino por la inseguridad jurídica que ha creado. No en balde, a día de hoy nadie sabe muy bien como actuar a la hora de firmar una hipoteca. Y la inseguridad jurídica es el peor hecho para un Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo debe decidir en breve si el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe ser pagado por el banco o por los hipotecados. Y no solo no debe hacerlo rápido, sino de una manera inequívoca, fundamentada en Derecho. Sin que ninguna otra consideración afecte a unos magistrados que han visto como las últimas luchas de poder en el seno de la institución priorizaban otros considerandos sobre los jurídicos.
No podemos permitirnos que el Tribunal Supremo sufra una crisis de desprestigio, que ya ha experimentado una erosión en Europa.
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