Ya les anuncié que uno de asuntos que se le complicarían al gobierno era el de los restos mortales del dictador. Y les dije mi opinión favorable a la exhumación del Valle de los Caídos, aunque también señalé que tal medida hubiera sido mejor hacerla a través de un gran consenso parlamentario, evitando a ser posible la fórmula jurídica del decreto-ley y prefiriendo una ley votada de una manera muy mayoritaria en las Cortes.
No fue posible así y todavía no ha sido desenterrado Franco, cuando los problemas se le amontonan al gobierno. El ejecutivo había negociado con la Iglesia que esta no se opusiese a la salida del dictador del Valle de los Caídos, aquel infausto complejo arquitectónico hecho a mayor gloria de uno de los bandos de una nefasta guerra por los perdedores cautivos.
Y así ha actuado la Iglesia, no impidiendo la futura exhumación. Pero, y aquí está la clave, no se si la secular institución ha engañado o al menos no ha impedido, que el gobierno termine cometiendo un grave error. En cualquier caso, sea una u otra, más que la Iglesia, que es parte interesada, la negligencia es imputable a un gobierno que es incapaz de pensar con antelación.
Nada más aprobarse el decreto-ley, la familia Franco ya reveló su intención de enterrar al dictador en la cripta de la Almudena, de Madrid. Esto era algo previsible, aunque parece que no para un gobierno incapaz de adelantarse a los hechos, trabajando con previsión y raciocinio. Un ejecutivo que también debería haber sospechado que la Iglesia, que a la par le abría el camino de la exhumación, le devolvería el problema al aceptar que Franco sea enterrado en la catedral de Madrid.
Porque ese es la relevante contrariedad a la que a partir de ahora nos enfrentaremos todos los demócratas: la existencia de un lugar de homenaje y culto del dictador en el corazón de la capital de España. Algo propiciado por un gobierno que peca de ingenuidad.
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