El PNV y Biildu han consensuado en el proyecto de nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco diferenciar entre los ciudadanos residentes en el País Vasco y aquellos que tengan la nacionalidad vasca.
Evidentemente, tamaña barbaridad, se traduciría en mayores derechos, políticos y sociales, para aquellos que posean la nacionalidad vasca sobre el resto de personas avecindadas en cualquiera de los municipios vascos.
En suma, el nacionalismo vasco aspira a que haya dos clases de ciudadanos, uno de ellos con una serie de privilegios sobre los otros.
Pero tamaño dislate no es nuevo. No, ya lo planteó el proyecto soberanista de Juan José Ibarretxe, aquel que paró las Cortes en 2005, y el proyecto de Estatuto de Estella, en 1931, que la Segunda República hecho por tierra. Una vieja demanda nacionalista, que un Estado de Derecho debe impedir. Ahora, también.
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