El alud de revisiones de penas a condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, tiene una única explicación y esta incide en la incompetencia de aquellos que la alumbraron. No caben excusas sobre el machismo de los jueces, una descalificación categórica sobre un colectivo que, independientemente de casos particulares, trasluce una irresponsable deslegitimación de uno de los poderes del Estado de Derecho, fruto de las anteojeras ideológicas de quién las formula. La razón reside, en cambio, en la ineptitud de aquellos que la propusieron, especialmente de los responsables del ministerio de Igualdad regido por Podemos. También en sus socios gubernamentales del PSOE que fueron incapaces de hacer comprender a Podemos los fallos de la norma, que a todas luces eran conocidas tras informes y opiniones de diversos colectivos judiciales, desde el Consejo General del Poder Judicial a asociaciones judiciales.
Ante el grave resultado, consistente en que agresores sexuales abandonen las cárceles o vean reducidas sus condenas, cabe exigir responsabilidades políticas, entre ellas la de la titular del departamento que impulsó la normativa: Irene Montero. Y si esta no presenta su dimisión, es exigible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destituya, si no quiere ver como el descrédito arrastra a toda la izquierda.
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