La decisión del Tribunal Supremo de respaldar la decisión de que el 25% de las clases en las escuelas públicas sean impartidas en castellano en Cataluña supone acabar con el modelo vehicular de inmersión lingüística en catalán que la Generalitat pretende.
La relevancia de tal pronunciamiento judicial incide en que tal modelo ha sido practicado desde 1983 en dicha comunidad autónoma, pese a que la lengua materna del 52% de los catalanes es el castellano. Es decir, en Cataluña se ha implementado desde hace casi cuatro décadas una inmersión lingüística en la educación que no tenía reflejo en la realidad bilingüe de esa sociedad. Las razones para ello residen en el afán de nacionalistas y socialistas, las ideologías que en este tiempo han dirigido la Generalitat, por modificar el equilibrio lingüístico existente a favor de una preponderancia del catalán.
La Generalitat se ha apresurado a anunciar que no cumplirá la sentencia, confiando en que, la nueva ley de educación, le eximiera de ello, al no señalar expresamente esta norma que el castellano era lengua vehicular en las comunidades con otro idioma oficial. Sin embargo, la jurisprudencia ya existente considera que la protección al castellano dimana de la propia Constitución de 1978 por lo que poco puede afectar la ley Celaá, que fue aprobada por un estrecho margen en el parlamento con los votos de socialistas y nacionalistas.
La decisión del Tribunal Supremo, no obstante, enconará aún más el conflicto que plantea el nacionalismo catalán contra España. De hecho, los dirigentes nacionalistas de la Generalitat ya han hablado de injerencia por parte de un tribunal alejado. Y no es de extrañar que pronto escuchemos que el castellano es impuesto en Cataluña.
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