La denuncia del propio Gobierno Sánchez de haber sido espiado a través del programa Pegasus ha abierto una nueva dimensión al caso, más allá de que se planteen interrogantes preocupantes sobre la seguridad del propio Estado.
Relacionado con ello, está la evidencia de que nuestras altas instituciones han sido espiadas por países extranjeros, apareciendo en la prensa en estos días una serie de candidatos, entre los que destaca Marruecos por los contenciosos que separan a ambos Estados, lo que de poder confirmarse no debería sorprendernos mucho.
Otra dimensión es que esos extremos han restado singularidad a las sospechas de espionaje sobre el independentismo catalán, bien porque este pueda ser imputado a gobiernos extranjeros o porque tales prácticas estarían bajo autorización judicial. Sin embargo, los partidos independentistas no parecen dispuestos a rebajar el victimismo del que han hecho gala en las últimas semanas. Ahí, tienen las declaraciones de Rufián, señalando que el caso pone en peligro la democracia. Sin embargo, lo dicho por el portavoz parlamentario de ERC tiene al menos la virtualidad de reconocer que España es una democracia. Lo que no es poco.
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