Las negociaciones entre Sumar y Podemos parecen haber encontrado una relevante dificultad con el veto de la primera formación a que Irene Montero sea candidata de la coalición común en las próximas elecciones. Más allá de unas negociaciones en las que el reparto del poder ocupa la máxima preocupación, es difícilmente defendible oponerse a la defenestración de la ministra de Igualdad. No en balde, el equipo por ella dirigido fue el responsable de una de las leyes más chapuceras de la última legislatura, que ha posibilitado la rebaja de condenas a 1079 agresores sexuales y 108 excarcelaciones. Cifras que se incrementarán tras el aval del Tribunal Supremo a las rebajas de las penas por la ley del sólo sí es sí. Mantener que esto es debido al machismo de los jueces es propio de una mentalidad presa de las anteojeras ideológicas, difícilmente compatible con el servicio público en un Estado avanzado.
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