Los límites de la democracia

La decisión del Tribunal Supremo israelí de tumbar la reforma judicial que pretendía el gobierno de Netanyahu apenas ha sido comentada por las fuerzas políticas de nuestro país, lo cual no deja de ser sorprendente por los paralelismos que se podrían aplicar con respecto a la polémica que enfrenta al PSOE y al PP en cuanto a la renovación del Poder Judicial, un cambio a todas luces necesario por la parálisis que vive el Consejo de los jueces debido al escandaloso retraso en implementarla por la resistencia conservadora a ello.

Pero volvamos a Israel y al motivo que ha llevado al máximo tribunal de aquel país a denegar el recorte de poder que pretendía el ejecutivo derechista sobre el Poder Judicial, satisfaciendo a la oposición izquierdista que ha mantenido durante meses continuas movilizaciones contra el proyecto gubernamental. El motivo aducido por el Supremo no es otro que considerar perfectamente compatible con la democracia la capacidad de los magistrados para paralizar las decisiones del gobierno que considere irrazonables. Es decir,  que frente a los argumentos de un gobierno, el Poder Judicial puede parar sus decisiones si entiende que no son razonables. La resolución judicial supone no solo la exaltación de la liberal separación de poderes, alumbrada por Montesquieu, sino que pone limites a la democracia, ya que implica en la práctica que el Poder Judicial puede paralizar decisiones tomadas democráticamente, como pueden ser las que emita un gobierno elegido y respaldado democráticamente por el Parlamento.

La decisión judicial establece así una indagación sobre los dos principios que conforman los estados de derecho, el liberal y el democrático, dando a entender que ambos no deben ser absolutos.

Indudablemente que hay muchas diferencias entre Israel y España, más allá de la obvia de como responde a la violencia el primero y que incide en la desgracia que asuela Gaza. También, en el hecho de que Israel carezca de una constitución, a diferencia de España. Pero, ¿ustedes se imaginan que, en España, el Tribunal Supremo anulase una ley presentada por el gobierno, legítimamente democrático, y aprobada democráticamente por el Parlamento, bajo el argumento de que es irrazonable? Antes de responder o sorprenderse, reflexionen sobre la importancia que tiene renovar el Consejo General del Poder Judicial, como insiste el PSOE, y de encontrar una fórmula democrática y liberal, a la vez, para la elección de sus miembros, que a su vez, escogen a los del Tribunal Supremo, como pretende el PP. Sin duda que la polémica sobre el Poder Judicial es una de las más relevantes que debe afrontar nuestro país y que incide en la esencia de la estructura demo-liberal de los Estados occidentales.