Se mueve

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha movido. El plan del Ministerio del Interior sobre los presos etarras presenta novedades, pese a que desde el propio Gobierno y desde el PP pretendan negarlo. La principal novedad es que los presos que se acojan al plan podrán ser acercados a cárceles del País Vasco. Hasta ahora eran cuatro los requisitos: abandono de la banda, rechazo del terrorismo, petición de perdón a las víctimas y hacer frente a las indemnizaciones derivadas de su actuación pasada. Ahora, el Gobierno de Rajoy los limita a los dos primeros, por lo que ya no serán necesarios los dos segundos. Así que el preso que abandone ETA y pida perdón ingresará en el plan, será acercado al País Vasco y asistirá a clases de convivencia, así como a otras para mejorar su capacitación socio-profesional de cara a su reinserción social en el futuro. Una vez finalizada esta fase del plan, el acceso a beneficios penitenciarios como tercer grado, permisos, salidas de la cárcel o sólo dormir en el penal será más restrictivo. Y ahí se mantienen en vigor los dos requisitos orillados en la primera fase. Es decir para alcanzar los beneficios mencionados, el preso deberá pedir perdón a las vìctimas y resarcirle económicamente. Por lo tanto sí que hay cambio, aunque el resultado final se mantenga. En definitiva, lo que pretende Interior es romper la disciplina etarra sobre un colectivo que hasta ahora se ha mantenido cohesionado, salvo la veintena de presos que llevan años desvinculados y cuyo proceso es llamado vía Nanclares por la cárcel alavesa donde eran trasladados. Ha sido precisamente la constataciön de que la vía Nanclares ya estaba cegada, es decir, que no atraía a más reclusos, lo que ha llevado a Interior a mover ficha. El plan de Interior ha sido bien acogido por el PSOE, el PNV y el Gobierno Vasco. Mal en cambio por la izquierda abertzale, UPyD y por los sectores más ultras del PP como ha mostrado Jaime Mayor Oreja. Seis meses después del anuncio etarra del fin de la violencia, que no de su disolución, el movimiento del Gobierno parece un planteamiento inteligente. Otra cosa es que el Ejecutivo haya fallado en su política de comunicación. Antes de informar a la sociedad tendría que habérselo contado a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Hoy lo hará, pero ya a toro pasado. Eso ha alimentado la desconfianza de las víctimas, cuestión que ahora el Gobierno deberá subsanar.