La segunda condena a Lula da Silva, a otros doce años de prisión, por cargos de corrupción, deben dejar poca duda sobre la conducta de quien fue el gran líder de la izquierda iberoamericana y liberó a millones de brasileños de la pobreza. Aquel logro, no obstante, no debe exculpar a un dirigente que propició la financiación ilegal en su partido, fortaleciendo así al PT en la lucha intrapartidista, y aceptó sobornos personales para mejorar una finca que le habían dejado.
El caso de Lula ejemplifica la tragedia de aquellos líderes que se identifican con el pueblo, no pudiendo diferenciar que es el lucro personal del interés público, además de confundir los instrumentos de la lucha partidista con los del Estado. La izquierda mundial debería extraer una lección de todo ello y dejar de incurrir en un repetido error, aquel que el loable afán justiciero le lleva a saltarse las normas del Derecho.
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