El que alguien niegue que en España hay una situación de plena normalidad democrática forma parte de la libertad de crítica que debe respetarse en un Estado de Derecho. A quién lo sostenga, se le debe amonestar y contestar con lo dicho por The Economist que sitúa a nuestro país entre las 23 democracias plenas en el mundo, en el célebre índice de democracia que elabora desde 2006.
Que el que sostenga tal cosa sea un profesor universitario, expresa la degradación del análisis académico, infectado de subjetivismo y relativismo, hasta el punto que ha dejado de ser inmune a la opinión, aunque tal hecho se recubra de ideología. En este supuesto, cabe interrogarse sobre la idoneidad de que tal docente disfrute del ascendente pedagógico sobre mentes en formación.
Pero, que lo diga un vicepresidente de ese Estado, solo puede saldarse con la caída de ese gobierno, o al menos con la destitución fulminante de ese miembro del gabinete ministerial.
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