Si algo define la política exterior con respecto a Marruecos por parte del Gobierno Sánchez es la impericia. Lo que estamos viendo estos días, sobre todo en Ceuta, pero también en Melilla, con miles de inmigrantes burlando la frontera, sin que las fuerzas de seguridad de ese país muevan un músculo, muestra una vez más el desconocimiento de la capacidad que tiene nuestro vecino para crearnos problemas.
La decisión humanitaria de acoger al máximo dirigente del Frente Polisario, en guerra contra Marruecos, en un hospital español, puede ser loable desde el punto de vista ético, pero no haber evaluado las posibles represalias marroquíes sobre una circunstancia en extremo sensible para la monarquía de Mohammed VI, revela un grave problema de observación por parte de nuestro gobierno. La soberanía territorial, independientemente de si es discutida, es siempre un aspecto crucial para cualquier estado, más si este no es económicamente desarrollado ni es un Estado de derecho democrático.
La atención requerida a Marruecos se rompió desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, cuando acabó con la sabia tradición de sus predecesores de acudir en su primera viaje oficial a Rabat.
Eso no significa que nuestra relación con Marruecos deba plegarse a las exigencias de Rabat, pero tampoco minusvalorar a nuestro vecino del sur y sobre todo a la capacidad que tiene para desestabilizarnos, porque nuestro pasado colonial no ayuda precisamente a solventar la situación.
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