Indulto

El debate político en nuestro país vuelve a girar en torno al proceso soberanista catalán y de aquí al verano se centrará en los indultos a los dirigentes independentistas presos.  Tal hecho, en sí, no presenta halagüeñas perspectivas, partiendo del hecho de que fue precisamente la radicalización del nacionalismo catalán la que provocó la reacción del nacionalismo español, evidenciado en el aumento del respaldo popular a Vox. 

Por ello, sería sensato buscar soluciones que no incrementasen dicha radicalización. ¿El  indulto a los condenados del procés supondría una rebaja en torno a la crispación? Esa es la pregunta que cabe hacerse, porque estaría justificado concederlo si facilita tal cosa.

Me temo que no sería así, porque además de la oportunidad que ofrece a Vox, el PP radicalizará su discurso, precisamente para disminuir la ventaja otorgada a los de Abascal. En el otro lado de la disputa, en cambio, las consecuencias del perdón pueden tener un efecto más benéfico, favoreciendo la postura negociadora de ERC en detrimento de los extremistas de Puigdemont enrocados en la amnistía. 

Este hecho, unido a las posibilidades de agotar la legislatura, manteniéndose Pedro Sánchez en la Moncloa, convierten en compañeros de viaje al PSOE y a ERC, por lo que es indudable que habrá indulto.

La alianza de la izquierda y el nacionalismo catalán viene de antiguo, desde los preparativos que desembocaron en la proclamación de la Segunda República. Entonces, pasó algo parecido, siendo condenados los miembros de la Generalitat en 1934, que fueron indultados por el Gobierno del Frente Popular, deteriorando aún más la convivencia de los españoles, antes del enfrentamiento armado de la Guerra Civil. 

Indudablemente no existen paralelismos posibles entre la situación de España en 1936 con la de hoy en día, entre otras cosas porque formamos parte de la construcción política más exitosa de los últimos setenta años: la Unión Europea. Pero también es evidente que el indulto que va a conceder Sánchez erosionará la convivencia de los españoles de hoy en día.

Por ello, me atrevo a proponer una vía alternativa al indulto gubernamental, que a fin de cuentas es una prerrogativa que casa mal con una concepción plena del Estado de Derecho. Se trataría de que el Parlamento, la expresión más plena de la democracia, rebajase la pena del delito de sedición, adecuándola a una más objetiva. De esa manera, se lograrían dos cosas. Por un lado, rebajar las críticas recibidas desde diversos ámbitos jurídicos europeos, y por otro, posibilitaría la puesta en libertad de los líderes independentistas al haber cumplido gran parte de sus condenas.