El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que no se debió impedir que el entonces preso preventivo y hoy condenado Oriol Junqueras adquiriera su plena condición de europarlamentario y por tanto hubiese gozado de inmunidad parlamentaria. La sentencia es sin duda un varapalo para la Justicia española y otorga ahora al Tribunal Supremo la aplicación de la resolución.
Es preciso añadir que en ningún momento, el tribunal europeo ordena la excarcelación del que fue vicepresidente de la Generalitat que cumple una condena de 13 años de cárcel por sedición y malversación. Tan solo, dictamina sobre la cuestión particular de la inmunidad de la que debería haber gozado, cuando era preso preventivo, no sobre el hecho de que hoy en día pese contra él una condena firme.
Un Estado de Derecho como es España deberá ahora gestionar la aplicación del fallo europeo, que además tendrá repercusiones en otros casos, en concreto en el de los fugados Puigdemont y Comín, eurodiputados electos que hasta ahora no habían podido tomar posesión de sus escaños.
E, indudablemente, tendrá consecuencias en las negociaciones que mantienen el PSOE y ERC, en una muestra muy deseable de intromisión judicial en la política, evidenciando la falsedad de los extendidos prejuicios de considerar este hecho como algo intrínsecamente negativo.
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