El varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno Sánchez es de los que pasarán a los libros de historia, lo que permitirá su recuerdo y en esa medida facilitará no repetir errores como el cometido por el ejecutivo.
Esperémoslo al menos, aunque lo sucedido muestra uno de los graves problemas de la sociedad contemporánea, especialmente presente en nuestro país: la irrelevancia que damos al conocimiento. Algo que hemos experimentado crudamente en estos duros tiempos de pandemia.
Independientemente de que todo gobierno, en la medida en que es una estructura del Estado, dispone de una asesoría jurídica -que me cuesta entender que no advirtiera al gabinete Sánchez de lo que hacía-, se debe suponer que son los propios miembros del gobierno los que más deben conocer la legalidad constitucional, especialmente el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, todo un magistrado que ahora ha pedido su reingreso en la Audiencia Nacional.
Una sociedad que no cuenta con los más sabios está condenada al error. Una vez más lo hemos comprobado.
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