La detención de Ignacio González y el constatamiento de la podredumbre de corrupción del PP en la Comunidad de Madrid evidencia que la labor de regeneración moral de las elites políticas es una necesidad imperiosa de la sociedad española. Sin duda, que tal aserto no debe generalizarse y cabe reivindicar que existen políticos en este país íntegros. Pero también es verdad que la corrupción es una práctica extendida, que anida en las estructuras políticas, fundamentalmente en los partidos y en los ámbitos institucionales locales, en forma de clientelismo, como si el decimonónico caciquismo se perpetuase.
Dicho ésto cabe una mayor reflexión sobre el último caso destapado, el del Canal de Isabel II. La presidencia de tal entidad detentada por Ignacio González de 2003 a 2012 se caracterizó por los intentos de privatización de dicha institución, creada hace siglo y medio y uno de los mayores logros del liberalismo constitucional español. De repente, una empresa pública que había cubierto satisfactoriamente las necesidades de los madrileños y mejorado como nunca sus condiciones sanitarias, se planteó que fuese privatizada.
Ahora hemos conocido los verdaderos motivos de aquella tentativa: el enriquecimiento de unos pocos que se lucraron mercadeando con algo tan básico en una sociedad como es el agua. Miserables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario