La decisión del Tribunal Supremo, ejecutando la inhabilitación como diputado de Quim Torra, ha convulsionado la política, desbaratando más de una estrategia partidista. Extremo que no debe ser interpretado como una limitación de la actuación de las fuerzas democráticamente elegidas, sino más bien como una muestra de las garantías que otorga el Estado de Derecho, ya que no en balde el condenado interfirió en unos comicios, motivo que no es baladí para todo aquel que se considere demócrata.
Tampoco debería leerse el fallo en clave nacionalista, como un triunfo del españolismo y una derrota del catalanismo. Por esa vía, solo avanzaremos en la confrontación, de la que las consecuencias solo pueden ser aún más funestas, si cabe. Ni en reproducir estériles tópicos sobre la judicialización de la política, a favor unos y en contra otros.
Lo que sí debería ocurrir es que la política se adaptara a las decisiones que han tomado y que tomarán los tribunales. Todos, los españoles y los europeos, guste o no guste. Y, por supuesto, variar las reglas a posteriori solo nos puede acercar a convertirnos en una república bananera, lo que sería otra forma de precipitarnos en el abismo.
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