El acuerdo PNV-PSE ha levantado las viejas polémicas que carcomen este país desde hace décadas. Y entre ellas, como siempre, el manido y demagogo derecho a decidir, un eufemismo del derecho de autodeterminación al que la izquierda otorgó en la década de los setenta todas sus bendiciones como instrumento de liberación de naciones oprimidas.
Sin embargo, lo pactado por los socialistas vascos con el partido jeltzale no es el reconocimiento de tal. El PSE se limita a admitir que se pueda plantear en el debate sobre la reforma del Estatuto de Gernika, vigente desde 1979, sin que ello suponga un cambio de posición en su ideario, dejándole libres las manos, tal como expresamente sí recoge el acuerdo, a la hora de votar en contra de ello, cuando la ponencia parlamentaria ultime sus estudios.
El PP ha mostrado sus reservas al respecto, porque en la práctica supone abrir el camino para que la reforma estatutaria que apruebe el Parlamento vasco incluya finalmente el derecho de autodeterminación, ya que la composición de la cámara legislativa de Vitoria no ofrece dudas con Bildu y Podemos como segunda y tercera fuerza. Esa es la principal concesión que logrado el PNV respecto a los socialistas: que éstos admitan que se inicie un debate parlamentario cuyo resultado está claro y que incluirá la asunción de tal derecho aun con los votos en contra del PSE y del PP.
Pero también, los socialistas vascos han conseguido una concesión relevante por parte del PNV: el compromiso del partido jeltzale de hacer todo por el camino de la legalidad constitucional, contrastando así con el camino empleado por Juan José Ibarretxe quien en 1998 abanderó el unilateralismo nacionalista con el derecho de autodeterminación, precisamente, como instrumento para imponer a España un estatus de libre asociación, que garantizase a Euskadi la bilateralidad igualitaria en sus relaciones con Estado.
Ahora, el derecho a decidir no se empleará como el ariete que socave la Constitución de 1978, como se pretendió en aquel intento, sino que llegará a las Cortes dentro de una reforma estatutaria. Será entonces, cuando el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, pueda rechazarlo, cayendo del definitivo articulado del nuevo Estatuto de autonomía. Ese texto filtrado y no otro será el que voten en referéndum los vascos, otorgando o no la legitimidad final a la propuesta de reforma estatutaria que ahora empieza a andar.
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