Un nuevo caso de corrupción golpea a Podemos. Uno más después del de Ramón Espinar. Podemos no los considerará como tales, pero la especulación con una vivienda pública no merece otro calificativo y el aparecido ahora, en Baleares, tampoco. Resumo los hechos: la presidenta del Parlamento autónomo, Xelo Huertas está acusada de amañar un concurso público en beneficio de un dirigente de Podemos, Daniel Bachiller. La máxima autoridad legislativa en las islas llegó a amenazar con vetar los presupuestos regionales, un instrumento económico que da trabajo a muchos, si el gobierno socialista no renovaba el concurso a Bachiller.
Alegará Podemos que no hubo lucro para su militante Xelo Huertas. Cierto, pero también incurre en corrupción la autoridad pública que favorece a alguien de su partido por el mero hecho de serlo. Ese es sin duda uno de los males contemporáneos: dividir la población según sus fidelidades políticas, recompensando a los partidarios. Y en España, tal mal, se encuentra ampliamente extendido desde hace dos siglos.
Se excusará Podemos que en el caso Balear, a diferencia del de Espinar, ha actuado con celeridad, suspendiendo de militancia a los afectados. Cierto, pero se echa en falta una asunción más clara de responsabilidades en una formación que llegó al escenario público para liberarnos y purificarnos de tanta corrupción.
No hay nada como mirarse al espejo.
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