De entrada, tal posibilidad debería plantearse cuando ello ocurra. De momento no hay ningún condenado por esos hechos, tan solo investigados. Tal hecho debería tenerse en cuenta, pero aún así el hecho de plantearlo evidencia una lectura histórica poco detallada.
El precedente existente es el de Luís Companys, condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República a treinta años de cárcel por rebelión. Aquel régimen democrático, además, suspendió la autonomía de Cataluña. Todo ello en el año 1934, que seguramente recordarán por la oleada revolucionaria que se vivió en múltiples lugares de España y que dejó un funesto reguero de víctimas.
En el año 1936, ganó las elecciones la izquierda del Frente Popular, que se apresuró a restaurar la autonomía catalana e indultar a Companys. Los votos tenían la capacidad de revertir las decisiones de la Justicia. Saltarse la ley no implicaba necesariamente un castigo.
Cinco meses después estábamos pegándonos tiros.
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