La decisión del Tribunal Constitucional de anular parte de la ley educativa promovida por el exministro José Ignacio Wert es una muestra más de la vitalidad del Estado de derecho español, eso que no entiende tanto totalitario contrario a la división de poderes. Sin embargo, en esta ocasión la decisión del tribunal ha sido saludada con alborozo por esos mismos que de imponer sus sueños, convertirían la vida de los demás en una distopía.
El Constitucional considera contrario a la carta magna que el gobierno pueda pasar la factura a la Generalitat de los gastos derivados de matricular a estudiantes en colegios privados, cuyos padres opten por el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Y el tribunal lo ha estimado, además, en un momento en que desde el ejecutivo se ha amagado con forzar la inclusión del castellano en la enseñanza de Cataluña. Es decir, ha judicializado la política, algo reiteradamente criticado no solo por aquellos, sino también por todos los que, respetando el Estado de derecho, se sienten seducidos por los cantos de sirena de la omnipotencia de la voluntad popular sobre la ley.
Sin embargo, los demócratas que creemos que la ley puede ser transformada, pero nunca incumplida, aplaudimos este nuevo ejemplo de judicializar la política, que pese al mantra despectivo reiterado por todos aquellos Ulises, es una saludable práctica de las sociedades más inteligentes.
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