Separación de poderes

Este país lleva 35 años dudando sobre cómo se deben elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución de 1978 reserva doce de los veinte puestos a jueces o magistrados, que serían elegidos mediante una ley orgánica. Los ocho restantes, abogados o juristas, son elegidos por el Congreso y el Senado, cuatro por cada cámara. La primera ley orgànica que tuvimos al respecto reservaba la elección de los doce jueces a las dos cámaras parlamentarias. El argumento, dado desde el PSOE que gobernaba entonces, era que no se podía sustraer a uno de los poderes del Estado de la legitimación popular. La segunda ley, elaborada con el PP en el poder, mantenía este esquema, pero los parlamentarios elegían entre un total de 36 candidatos propuestos por las asociaciones judiciales. Ahora, con el PP de nuevo en el poder, el partido conservador ha dudado si otorgar a los jueces, mediante elecciones internas, la capacidad de designar a los doce miembros del Poder Judicial. Pero finalmente ha decidido mantener el sistema de elección parlamentaria entre candidatos propuestos por las asociaciones judiciales. En todos estos años lo que sí ha sido bastante evidente es la politización del Consejo General del Poder Judicial, restando legitimidad a un órgano clave en el Estado. Y el problema está precisamente en la colonización política del Consejo, como pasa con otras muchas instituciones. No se elige a los jueces y juristas por su prestigio, sino por su sintonía política, lo que a veces se traduce en simple obediencia, convirtiéndose el Consejo en una mera correa de transmisión de los partidos. Ese es el problema. ¿Es por tanto tan difícil diseñar un procedimiento de elección donde se prime la cualificación técnica de los jueces? De tal manera, que los mejores de ellos se sienten en el Consejo y no tengan ninguna deuda con ningún partido político. Luego, que una comisión parlamentaria estudie los perfiles y pueda vetar algún caso particular si el candidato es un anti-demócrata. Porque precisamente avanzaremos en democracia si conseguimos asegurar la independencia de los tres poderes del Estado y eso pasa ineludiblemente por descolonizar el Consejo de los políticos.