jueves, 5 de diciembre de 2013

Reforma de la Constitución

Con motivo del 35 aniversario de la Constitución que celebraremos mañana han arreciado las peticiones de su reforma. El problema es que, salvo en el detalle de la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en la sucesión a la Corona, no parece que haya un consenso amplio para emprenderla. Es incluso desalentador observar como en el pasado reciente se ha desaprovechado la oportunidad de reformarla en el sentido expresado por las disputas partidistas. Y ahora cualquier cambio referido a la monarquía sería considerado un auténtico plebiscito sobre esa forma de gobierno, lo que crea temor en muchos. No lo sería o al menos se diluiría  si se presentase junto a otras iniciativas. Por ejemplo, la encaminada a limitar la concentración de poder en las direcciones de los grandes partidos y favorecer su democracia interna, cuya perversas consecuencias se detectan en la vida parlamentaria y en la colonización que sufre el poder judicial a manos de los políticos. Ambas propuestas mejorarían nuestra Constitución y por ende nuestra democracia. Efectos contrarios tendría una serie de iniciativas que podríamos definir como demagógicas. Una de ellas incide en la denominada democracia directa, según la cual las nuevas tecnologías permiten obviar la democracia representativa, lo cual es falso. La división social del trabajo lo impide. Muchos ciudadanos renunciarían a su participación ante la carga de trabajo que tienen que desempeñar a diario, lo que dejaría el camino abierto a una minoría que monopolizaría tal democracia directa. Estaríamos reproduciendo, pues, el mecanismo de ascensión al poder de una elite, fenómenos que ya hemos visto en muchas otras ocasiones en el pasado. Y por último está el derecho a decidir, ese eufemismo del Derecho de Autodeterminación. No existe en ningún ordenamiento jurídico serio. Salvo en los supuestos establecidos por la ONU, de opresión y colonización, su mero planteamiento conlleva una carga demagógica patente, ante la evidencia de que quién establece al sujeto emancipador ya tiene ganada gran parte de la partida. Eso no quiere decir que el problema territorial no exiga soluciones en España. De hecho, es tal vez el gran lastre de nuestro Estado desde finales del siglo XIX. Pero, la iniciativa socialista de avanzar en la federalización de España no creo que contente a los nacionalismos periféricos, que buscarán siempre una diferenciación, una confederación. Y una cosa y la otra son muy diferentes.

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