Privatización fallida

La privatización de AENA, el organismo público titular de las infraestructuras aéreas en nuestro país, ha terminado en un sainete. De momento ha quedado pospuesta al año que viene. Independientemente del debate general sobre si es conveniente o no que tamaña empresa sea o no pública, sobre lo que caben multitud de argumentos, conviene precisar que el plan proyectado se limitaba a una privatización del 49%, con lo que el control estatal se mantenía. Pero el problema a analizar hoy es otro: el fallo técnico que ha obligado al menos a posponer la operación. Sin entrar en muchos detalles, se trata de que la Administración Pública no había convocado un concurso público para elegir al auditor que debía respaldar las cuentas de AENA antes de su proyectada privatización parcial. Hecho que ya en sí denota la chapuza de la operación. Pero lo peor está en que esa falta se debe a la pugna de poder entre los diversos ministerios económicos implicados en la operación. Eso sí que no tiene disculpa y la responsabilidad de ello recae en el que detenta el cargo de coordinador gubernamental, que ante la ausencia de un vicepresidente económico, no es otro que el propio presidente del Gobierno: es decir, en Mariano Rajoy.