La decisión de un juez de elevar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la investigación sobre Pere Aragonès al entender que podría ser constitutiva de delitos no ha tenido la misma reacción social que la producida cuando otro magistrado hizo lo propio, esta vez ante el Tribunal Supremo, sobre Pablo Casado. En ambos casos, al gozar ambos de aforamiento, los jueces entendían que había razones para imputarles, pero debido a esa prebenda, inconcebible en un Estado de derecho avanzado, no podían seguir investigándolos, por lo que elevaban a esos tribunales superiores el caso.
Más allá de la crítica a la figura del aforado, que desvirtúa el principio básico del juez natural, esencial en toda estructura judicial democrática, lo que quiero llamarles la atención es la respuesta social dada a un caso y otro. En el del presidente del PP, todas las formaciones políticas, salvo la suya, salieron en tromba exigiendo que el afectado diera explicaciones y pidiendo en su mayoría su retirada de la política. En cambio, en el del adjunto a la Presidencia de ERC y actual vicepresidente de la Generalitat las reacciones han sido más tibias.
Las razones de ello inciden en que Aragonès se ampara en lo identitario, en la Patria catalana a la que aspira, justificando cualquier delito en aras de ese ensueño arrebatador. En cambio, Casado no tiene ese paraguas, pese a que se refugie enarbolando otra bandera, en este caso la española.
Pero, nuestra sociedad establece una diferencia y en esa medida lo hacen los partidos, que no nos engañemos están hechos a imagen y semejanza nuestra, con todas las carencias, ineptitudes y caciquismos propios de la realidad que los cobija. Y esa disparidad se debe a un cáncer que ha corroído a la sociedad contemporánea: la identidad nacional. Especialmente, significativo aunque no única, en la nueva izquierda política, olvidada de sus orígenes internacionalistas, lo que le permite pedir la dimisión de Casado, pero no la de Aragonés, sin alterarse ni un pelo.
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