La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios racionales de delito en el rey emérito Juan Carlos I. El hecho, que no deja de ser relevante, no debe impedirnos valorar la muestra del Estado de Derecho existente en nuestro país, cuando un exjefe de Estado puede ser investigado por unos hechos ocurridos una vez perdida su inmunidad.
Dos cuestiones deben ser mencionadas además. La primera, rechazar cualquier tesis conspirativa que haga de Pedro Sánchez y de su fiel Dolores Delgado, los instigadores en la sombra de la investigación al anterior rey. Juan Carlos I ha sido investigado por su presunta vinculación con los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, al entender los fiscales anticorrupción, unos profesionales del Derecho, que existen indicios de ello. Ahora, deberán ser sus compañeros del Supremo los que tomen el caso, al ser el rey emérito aforado. Y finalmente, serán otros profesionales del Derecho, los jueces del propio Tribunal Supremo, la más alta corte de Justicia del Estado, la que dictará la última palabra al respecto.
Y un segundo aspecto. Juan Carlos I hizo mucho por la transición de la dictadura que heredó a la democracia. Aquello siempre estará en su haber, lo que no impide que se escrute todo su quehacer. La grandeza del Estado de Derecho permite ahora investigar en el debe del que fue monarca.
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