El plan del Gobierno para que los vascos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra durante los años en que ETA impuso su terror con las armas puedan votar en sus antiguas circunscripciones tiene una motivación de Justicia que no se puede obviar. De resarcimiento a unos ciudadanos a los que el Estado no fue capaz de garantizar algo tan básico como su seguridad y su derecho a vivir. Tiene también algo de simbólico que tampoco podemos negar ahora que la democracia se consolida.
Dicho esto, otra cosa son los requisitos que se han de exigir para hacer efectiva la medida. Según, el plan solo sería necesario demostrar que se vivieron cinco años en dichas comunidades y una declaración jurada de que se vieron obligados a la diáspora. Creo que se debería dotar a la Junta Electoral de capacidad y medios para poder investigar cada caso para poder dictaminar que no haya fraude de ley.
Y lo que es más importante. Es fundamental que el proyecto gubernamental consiga un amplio consenso. Y aquí me parece imprescindible el apoyo transversal. Es decir, considero necesario que reciba el visto bueno de al menos parte de los partidos nacionalistas vascos. No podemos alterar la ley electoral sin que todas las sensibilidades políticas se muestren dispuestas. Por ello, creo que el Gobierno debe negociar con el PNV la filosofía y los requisitos del plan para convertirlo en ley.
Y ello, siendo conscientes que de prosperar la iniciativa no supondrá un cambio sustancial del comportamiento electoral. No hay censos de afectados, pero su número no fue tan elevado como para poder predecir vuelcos electorales.
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