Seis regiones españolas demoran la aplicación de la enésima ley educativa de este país, la criticada LOMCE. Para ello están aplicando moratorias, siempre dentro de la ley. El motivo de ello es que no les gusta la normativa elaborada por el ministro de Educación José Ignacio Wert, lo cual tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta las innumerables descalificaciones que ha tenido el texto aprobado por las Cortes. En cualquier caso, muestra que la estructura de poder en España está compartimentada, como fruto de la descentralización. Otra cosa sería discutir hasta que punto una comunidad autónoma puede retrasar la aplicación de una ley aprobada por la soberanía nacional, lo que nos llevaría a un debate en el que hoy no quiero entrar.
Prefiero analizar otro aspecto, derivado de atender cuales son las comunidades reacias. Se trata de Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias, Andalucía y Asturias. Precisamente, son las seis regiones donde no gobierna el PP. En las otras once, la LOMCE ya se aplica.
Ello me lleva a plantear cuál es el criterio: los aspectos negativos de la ley o sencillamente la disciplina de partido. Me temo que es el segundo aspecto el que se impone. Y ese es un grave problema de este país: la articulación de demasiadas estructuras estatales a golpe de disciplina partidista.
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