Demagogia

El Ayuntamiento de Madrid ha remitido a los vecinos las papeletas para participar en una consulta ciudadana con un coste estimado de entre 100.000 y 600.000 euros, dependiendo de la participación en la misma, siendo más caro, cuanto más aceptación tenga la iniciativa. En la misiva, el consistorio anuncia que asumirá el resultado de la votación, sin establecer un quorum mínimo necesario para que fuese vinculante, de tal manera que así será tomada la decisión en una ciudad con más de tres millones de residentes, aunque sólo la respalden unos millares de ciudadanos.

La consulta tampoco es una pregunta clara. De hecho, son en realidad tres cuestiones sobre tres aspectos no directamente relacionados. Por un lado, está la remodelación de la Plaza de España. El Ayuntamiento ofrece a la elección dos propuestas, pero no la que fue más votada por los ciudadanos en las fases preliminares, que ha sido eliminada de la competición sin suficientes explicaciones por parte del consistorio municipal y que el jurado técnico que la descartó consideró de baja calidad. Si tal jurado, formado por técnicos municipales y expertos en urbanismo, goza de tal competencia, no se entiende que no culmine su labor eligiendo la mejor opción posible. Tamaña contradicción no ha sido tampoco justificada por los dirigentes del ayuntamiento.

Otra de las preguntas formulada en la papeleta enviada pregunta si se está de acuerdo con la propuesta "Madrid 100% sostenible". En un folleto explicativo adjunto se indica que pretende una ciudad sin contaminación cuyas autoridades desafíen a las compañías eléctricas y que aseguren que a nadie le corten la luz durante el invierno. Plantea así, de una cándida manera, un batiburrillo de buenas intenciones, derechos aspirados y borrosos órdagos de difícil aplicación.

Y la tercera de las consultas aboga por el billete único en el transporte público, lo que sin duda es de sentido común, pero que choca con la realidad existente de que el metro es competencia de la Comunidad Autónoma, con lo que un censo potencial de tres millones decidiría sobre algo que afecta al doble de población. Nos encontramos, pues, ante otro ejemplo de la dificultad de fijar el colegio electoral en los procesos de participación ciudadana. Y sobre todo, en otra muestra más de la demagogia que acompaña la democracia directa.