Fue curioso observar las ruedas de prensa de Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijoo en las que argumentaron las razones del adelanto electoral en sus respectivas comunidades autónomas. Ambos se presentaron como estadistas que pretendían otorgar serenidad a sus territorios y también al conjunto del país, lo que no deja de ser significativo, especialmente si centramos la atención en el lehendakari. Más allá de que el motivo principal de este último es aislar la situación vasca de la deriva catalana, resulta paradójico, aunque también reconfortante, que España sea un motivo de preocupación.
Urkullu aspira a incrementar los escaños del PNV en la cámara de Vitoria, lo que unido a un aumento de los de su socio gubernamental, el partido socialista, permitiría gobernar a ambos con mayoría absoluta los próximos cuatro años, evitando así estar al albur del resto de fuerzas representadas, como Podemos, Bildu o el PP.
Pero en el plan del lehendakari se ha cruzado un suceso imprevisto: el accidente que sepultó a dos trabajadores de un vertedero. Las irregularidades que han empezado a asomar en la gestión de tal actividad se adivinan como un problema para peneuvistas y socialistas en su afán por alcanzar su objetivo. La campaña electoral que ahora se abrirá será por tanto decisiva, porque tal hecho afecta a la opinión generalizada de buenos gestores que el gobierno vasco ha cultivado, alejado de toda aventura radical.
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