Los gobierno central y vasco han llegado a un acuerdo para culminar las competencias del Estatuto de Gernika, cuarenta años después de su aprobación. Aunque sea un plazo que pueda antojarse largo, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Tan dilatado tiempo es consecuencia de la complejidad interpretativa que todo desarrollo legislativo contiene, máxime en una normativa que incide plenamente en lo territorial, problemática secular de España.
De todas las competencias que quedaban pendientes y que ahora está previsto que queden colmadas como muy tarde en 2021, destacan dos: prisiones y la Seguridad Social. Sobre la primera, la demora de las cuatro décadas no debe extrañar, si recordamos que, salvo la última, las tres anteriores se vieron sacudidas por la principal amenaza que sufrió la democracia española: el terrorismo etarra.
Sobre la segunda, ha sido necesario un ejercicio de realismo por parte del PNV para su asunción por parte del gobierno español, accediendo los jeltzales a que no se rompa la caja única, mediante la cual todos los trabajadores, sean de la comunidad que sean, cobran lo mismo por sus jubilaciones. El gobierno central sí ha cedido en que las pensiones de los vascos sean gestionadas por el gobierno de esa comunidad.
Si se cumplen las previsiones, en 2022, entraremos, pues, en una nueva fase de las relaciones Estado-Euskadi, marcadas por la pretensión del PNV de alcanzar el reconocimiento del País Vasco como nación foral. Pero, eso será otro debate.
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