Las palabras de José Antonio Griñán tras declarar en el Tribunal Supremo por el caso de los ERE, negando que existiese un plan preconcebido desde la Junta de Andalucía, pero admitiendo que existió un gran fraude, son muy clarificadoras.
Primero, porque suponen un espaldarazo a la instrucción llevada a cabo por la juez Alaya, objeto de muchas críticas durante estos años. Y segundo, más relevante,porque ponen en una posición aún más delicada a quien las profirió, en la medida en que si existió ese fraude es insostenible la situación política de Manuel Chaves y del propio Griñán. Aceptando que ambos expresidentes de la Junta de Andalucía no se enteraran de lo que pasaba en la administración que dirigirían, la mera aceptación de la existencia del fraude les convierte en incapaces para seguir ostentando una representación pública, como la de parlamentarios en las Cortes.
Ellos mismos, por decencia, deberían dimitir. Y por supuesto, el PSOE debería exigírselo.
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