El espectáculo que está dando la Administración de Justicia a la hora de decidir quien es competente para investigar el presunto blanqueo de dinero por parte de Rodrigo Rato empieza a ser esperpéntico, más allá incluso de que se intuyan manos negras interesadas en decidir los tiempos de la actuación y su relación con el período electoral permanente que vivimos en éste país.
Lo lógico es que el caso de Rato sea instruido por los juzgados de Plaza de Castilla, auxiliados por la Fiscalía de Madrid, aplicando el principio jurídico del juez natural. Sin embargo, la previsible complejidad del caso podría hacer razonable la actuación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Cualquiera de las dos opciones dispone de argumentos, lo que hace posible una decisión rápida y operativa. No podemos estar esperando a que la cuestión se dilate y de margen a interpretaciones de la jurisprudencia que en manos leguleyas impidan en la práctica la actuación óptima de la Justicia.
Y ¿quién decide ello? El inoperante Consejo General del Poder Judicial o el sobrecargado Tribunal Supremo. En cualquier caso es urgente resolver.
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