Con la foralidad hemos topado

Los deseos de acomodar mejor a Cataluña en el seno de España han chocado ya con el hecho foral, reconocido en nuestra Constitución como un derecho histórico de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

Independientemente de que el pulso mantenido por las formaciones independentistas catalanas, que a la luz de las últimas elecciones siguen sin ser mayoritarias en aquella comunidad autónoma, ha condicionado el haber llegado a la situación actual, alguna adecuación tendrá que negociarse para contentar a una parte relevante de la población catalana, que ha secundado -probablemente por una cuestión emocional- la apuesta monetaria de sus dirigentes, consistente en aportar menos esfuerzo fiscal a las arcas estatales y lograr una articulación confederal con el resto de España.

Y aquí es donde está el problema, porque la demostración de fuerza organizada por Artur Mas a lo largo de estos últimos años colisiona con un problema cuantitativo fácil de explicar. No es lo mismo que un instrumento fiscal determinado afecte sólo a dos millones setecientos mil habitantes, que residen en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, que éste se amplíe a diez millones ochocientos mil, incluyendo a los catalanes. La población española es de 46 millones cuatrocientos mil. Con lo que la cuenta es muy sencilla: no es igual que un sistema se aplique a algo menos del 6% de la población, que se haga a algo más del 23%. O lo que es lo mismo, sustraer de la Hacienda estatal a uno de cada cuatro españoles.

La diferencia es sustancial y no necesita de mayor explicación, en la medida en que las dudas sobre la viabilidad del Estado español estarían más que justificadas. Por ello, el margen de negociación es muy reducido y las posibilidades de acuerdo escasas. Y por supuesto, la más conflictiva sería apuntar para otro lado y pretender igualar en un sentido federal, aboliendo los derechos forales. Tanto Iñigo Urkullu como Uxue Barkos ya han advertido que los matices confederales de los que disfrutan sus comunidades autónomas no son negociables.

La solución, pues, no es nada fácil. Es más, abrir el melón de la reforma constitucional, algo a lo que inevitablemente creo que estamos abocados, puede traer repercusiones tremendamente complicadas a la hora de concretar. En cualquier caso, algo ganaremos si hablamos con propiedad. Federalismo es igualar desde la diversidad y confederalismo es lo contrario, además de donde partimos históricamente.