Salvaguardar los instrumentos del Estado

Hoy hemos constatado algo que ya sabíamos hace once años: que la dimisión de Jorge Dezcallar, el máximo responsable del servicio de inteligencia español, el CNI, fue debida a la manipulación que hizo el gobierno de José María Aznar de la información de los atentados del 11-M.

Unos hechos criminales, que pese a la aviesa interpretación que se hizo de los mismos, no eran imputables a ETA, sino al terrorismo islamista. Esto conviene recordarlo, porque todavía circulan espurias intenciones al respecto. No. No fue ETA, pese a que también sea una banda terrrorista con un pasado y un presente execrable. Pero, en aquella ocasión, hubo otros culpables: los yihadistas que pretendían vengar la intervención española en Iraq.

Por eso, es muy bueno, constatar hoy que el Estado no se dejó engañar en ningún momento y que fue el gobierno de turno quien intentó influir en los ciudadanos. Y eso es lo grave, que los políticos puedan tergiversar lo que los organismos estatales dicen. Deberíamos aprenderlo para impedir que tamaña utilización pueda ser repetida y articular los mecanismos para preservar los instrumentos del Estado de la utilización partidista.